El Gobierno de Neuquén reasignará los $57 millones recuperados por la causa de corrupción en Casa de las Leyes
Aunque el perjuicio económico fue estimado en 97 millones de pesos, la Justicia logró recuperar más de 57 millones, que ahora tendrán un destino social definido por el Ejecutivo.
La definición llega luego de que la Justicia autorizara al Estado provincial a disponer de los fondos decomisados al excoordinador del complejo cultural Casa de las Leyes, quien el pasado viernes admitió su responsabilidad en el desvío de dinero público hacia cuentas personales para la constitución de plazos fijos.
Durante un encuentro con periodistas en Casa de Gobierno, el mandatario neuquino explicó que los recursos recuperados tendrán un fin social. “Vamos a usarlo para un sector necesitado de la ciudadanía”, dijo Figueroa.
Si bien no precisó qué programas recibirán esos fondos, indicó que el objetivo es que el dinero tenga un impacto directo en los sectores más vulnerables de la provincia.
La investigación judicial determinó que el perjuicio económico ocasionado a las arcas provinciales alcanzó los 97 millones de pesos, aunque hasta el momento solo pudieron recuperarse algo más de 57 millones, por lo que la restitución representa una compensación parcial del daño patrimonial.
Los fondos fueron incautados de las cuentas bancarias de Ruiz y transferidos posteriormente al Ejecutivo provincial como parte de la reparación económica derivada del proceso judicial.
Condena y reconocimiento de los delitos
El viernes pasado, la Justicia condenó a Pablo Ruiz a tres años de prisión en suspenso, además de imponerle 288 horas de trabajo comunitario y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La sentencia fue posible luego de que el exfuncionario reconociera su responsabilidad en los delitos de peculado y administración fraudulenta.
Al referirse al fallo, Figueroa valoró el accionar judicial. “Veo con buenos ojos el papel de la Justicia”, aseguró Figueroa.
El caso adquirió una fuerte repercusión pública a fines de 2024 y derivó en una investigación que también alcanzó a la entonces vicegobernadora Gloria Ruiz, quien finalmente fue removida de su cargo por la Legislatura provincial tras ser declarada en situación de “inhabilidad moral” para ejercer la función pública.
Cómo funcionó la maniobra investigada
Según la investigación de la Fiscalía, Pablo Ruiz recibió durante meses fondos provenientes de cuentas oficiales de la Legislatura neuquina y los utilizó para obtener beneficios financieros personales.
Entre enero y agosto de 2024, se realizaron transferencias desde la cuenta de la Legislatura hacia su cuenta sueldo en el Banco Provincia del Neuquén (BPN) por un total de 34,7 millones de pesos.
Posteriormente, cuando las autoridades fueron advertidas sobre las irregularidades de ese mecanismo, la operatoria cambió. Ruiz comenzó a recibir fondos mediante cheques al portador, que eran cobrados por personal autorizado y luego entregados en efectivo. A través de esta modalidad se movilizaron otros 19,9 millones de pesos.
Los recursos estaban destinados a financiar actividades y programas de Casa de las Leyes, entre ellos “Ritmo Ciudadano”, “Jóvenes líderes, comunitarios y políticos”, “Actividades culturales, recreativas y comunitarias” y “Murales urbanos”.
Los plazos fijos que originaron la causa
La Fiscalía determinó que parte del dinero público fue utilizado para constituir tres plazos fijos a nombre de Ruiz:
$42 millones el 14 de octubre de 2024.
$3 millones el 1 de noviembre de 2024.
$6 millones el 11 de noviembre de 2024.
Tras la imputación, la Justicia ordenó el embargo de sus cuentas por unos 55 millones de pesos. Gracias a los intereses generados por esas inversiones financieras, la suma recuperada ascendió finalmente a poco más de 57 millones de pesos.
La autorización para que la Provincia disponga de los fondos fue otorgada por el juez de Garantías Lucas Yancarelli durante la audiencia celebrada el viernes pasado.
Según confirmó el gobernador, los recursos no regresarán a los programas originales de Casa de las Leyes, sino que serán reasignados a iniciativas destinadas a atender necesidades sociales.
Figueroa también apuntó a la causa de los planes sociales
Durante la misma conferencia, el mandatario volvió a referirse a la investigación por la denominada megaestafa con planes sociales, que consideró como el mayor caso de corrupción registrado en la provincia.
Además, sostuvo que el Gobierno provincial entiende que los hechos investigados se desarrollaron en el marco de una asociación ilícita y adelantó que, a través de la Fiscalía de Estado, impulsarán acciones para que la causa avance bajo esa figura penal.
De esta manera, mientras la Justicia cerró una etapa clave en el caso que terminó con la condena de Pablo Ruiz, el Gobierno neuquino busca que los fondos recuperados tengan un destino social y, al mismo tiempo, reclama profundizar otras investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la provincia.
