Tras ocho jornadas de audiencias, comenzó la cuenta regresiva para una decisión clave. El Tribunal de Impugnación, integrado por los jueces Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno, deberá resolver si confirma la sentencia por la causa de los planes sociales en Neuquén o si modifica el fallo que condenó a 12 personas por administración fraudulenta.
El tribunal cuenta con 20 días hábiles para emitir su resolución por escrito, aunque ese plazo quedará interrumpido por la feria judicial. De no haber una definición anticipada, el fallo se conocería a comienzos de agosto.
La principal discusión gira en torno a la figura de asociación ilícita, un delito que el tribunal de juicio descartó al considerar que no se reunían los requisitos legales para configurarlo.
El Gobierno de Neuquén, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, busca revertir esa absolución, al entender que el fraude con los planes sociales fue cometido por una organización con estructura delictiva.
Sin embargo, el planteo enfrenta un importante desafío jurídico. La figura de asociación ilícita exige demostrar una organización estable, integrada por al menos tres personas y con la finalidad de cometer delitos indeterminados en el futuro, un criterio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado de manera restrictiva.
Precisamente por ese motivo, el tribunal que realizó el juicio oral entendió que el caso se asemeja más al criterio aplicado en la denominada Causa Vialidad, donde esa calificación tampoco prosperó.
Las defensas buscan reducir las penas
Mientras la fiscalía y la Fiscalía de Estado pretenden endurecer la condena, las defensas de los doce condenados solicitaron una reducción de las penas e incluso, en algunos casos, la absolución.
Los abogados sostienen que sus representados ocupaban cargos administrativos y actuaban bajo directivas de niveles superiores dentro de la estructura estatal.
También cuestionan la intervención de la Fiscalía de Estado en el planteo sobre asociación ilícita, al considerar que ese organismo solo puede actuar cuando está comprometido el patrimonio provincial y no en delitos contra el orden público.
Las condenas que están en revisión
La sentencia de primera instancia impuso:
- Cinco años de prisión efectiva para Abel Di Luca (exministro de Desarrollo Social), Ricardo Soiza (exdirector de Planes Sociales) y Tomás Siegenthaler (excoordinador de Administración).
- Cuatro años y seis meses para Néstor Pablo Sanz.
- Cuatro años para Marcos Osuna.
- Tres años y seis meses para Julieta Oviedo, Luis Gallo y Alfredo Cury.
- Tres años de prisión en suspenso para Laura Reznik, Valeria Honorio, Isabel Montoya y Emmanuel Victoria Contreras.
Todos fueron además inhabilitados de manera perpetua para ejercer cargos públicos.
Qué puede resolver el Tribunal de Impugnación
La resolución abrirá distintos escenarios posibles. El tribunal podrá confirmar íntegramente la sentencia, modificar únicamente las penas o hacer lugar al planteo del Ministerio Público Fiscal respecto de la asociación ilícita.
En este último caso, la causa debería volver a una nueva etapa para determinar las sanciones correspondientes a esa calificación, lo que podría derivar en penas más severas para los condenados.
La decisión será determinante para el futuro judicial de una de las causas de corrupción más importantes que atravesó la provincia de Neuquén en los últimos años.
Fuente: Medios.
