La Cámara Segunda del Trabajo de General Roca ordenó limitar de manera provisoria los descuentos sobre el salario de un comisario de la Policía de Río Negro, luego de comprobar que en junio de 2026, tras múltiples retenciones por préstamos y otras obligaciones, cobró apenas un centavo. La medida busca garantizar la subsistencia de su familia y los tratamientos médicos de una de sus hijas.
El policía promovió una medida cautelar al sostener que, durante más de un año, los descuentos absorbieron casi la totalidad de sus ingresos, dejándolo sin recursos para afrontar gastos esenciales como el alquiler, los servicios, la alimentación y las terapias de rehabilitación que necesita su hija, quien padece graves patologías neurológicas y motrices.
Según la presentación judicial, durante 14 meses las retenciones llegaron a representar hasta el 90,13% de sus haberes. El caso alcanzó su punto más crítico cuando, sobre un salario bruto superior a 3,9 millones de pesos, el monto efectivamente depositado fue de $0,01.
Al analizar la documentación, el tribunal concluyó que la reducción progresiva del ingreso vulneraba el carácter alimentario del salario y comprometía la subsistencia del trabajador y de su grupo familiar. Además, advirtió que la situación impedía sostener tratamientos fundamentales para la salud de la menor, como la equinoterapia y la natación terapéutica, que la familia debió suspender por falta de recursos.
En su resolución, los jueces recordaron que, aunque no existe una normativa específica que establezca un tope de descuentos para empleados públicos provinciales, la propia jurisprudencia laboral ha considerado razonable fijar un límite del 33% para resguardar el derecho al salario y garantizar condiciones de vida dignas.
Por ese motivo, la Cámara ordenó a la Jefatura de Policía que verifique que las retenciones no superen ese porcentaje, previo descuento de las cargas obligatorias, y deje sin efecto cualquier deducción que exceda ese límite mientras se mantiene vigente la medida cautelar.
La resolución tendrá una vigencia inicial de 10 días. En ese plazo, el comisario deberá iniciar la demanda contra las entidades crediticias involucradas para que la Justicia resuelva de manera definitiva la legalidad y el alcance de los descuentos aplicados sobre su salario.
