Mariela Farías fue acusada de amenazar a una profesora de inglés de su hija y, al día siguiente, regresar al establecimiento pese a que tenía prohibido ingresar. Allí, junto con una hija mayor de edad, habría golpeado a la directora y a la vicedirectora, a quienes arrastró por el suelo y tomó de los cabellos.
El episodio fue registrado por un estudiante y posteriormente se viralizó en redes sociales, generando una fuerte conmoción en la comunidad educativa.
Fiscalía y querella solicitaron que Farías sea declarada responsable por los delitos de lesiones leves y amenazas simples, en concurso real y ambos de carácter doloso.
La pena prevista para estos delitos no supera los tres años. Sin embargo, según fuentes de la querella, la imputada registra una condena penal previa y otros antecedentes, por lo que una eventual pena podría ser de cumplimiento efectivo.
Un caso que marcó un antes y un después
El juicio estuvo a cargo del juez unipersonal Juan Ignacio Guaita. La acusación fue sostenida por la fiscal Lucrecia Sola, mientras que la defensa de la imputada estuvo a cargo del abogado Fernando Gómez.
El caso del IFD 12 se convirtió en uno de los episodios más resonantes de violencia contra trabajadores de la educación en Neuquén y antecedió a la aprobación de una nueva normativa provincial.
Tras el episodio, ATEN impulsó el proyecto que derivó en la Ley 3522 de Protección Integral de los Trabajadores de la Educación, aprobada por la Legislatura neuquina en julio de 2025 y reglamentada este año mediante el decreto 701/2026.
La norma establece herramientas para que las escuelas puedan registrar y denunciar agresiones y contempla sanciones que van desde multas hasta arresto contravencional.
La violencia escolar, en el centro del debate
El episodio ocurrido en el IFD 12 se produjo en un contexto de creciente preocupación por situaciones de violencia en establecimientos educativos de la provincia.
En los últimos meses se registraron conflictos en distintas instituciones, entre ellas las escuelas 200 y 147, el jardín 29 de Centenario y el CPEM 9 de El Chocón.
La problemática también generó reuniones entre el Gobierno provincial, la Justicia y los gremios docentes para avanzar en una guía común de intervención frente a situaciones de violencia.
Para distintos sectores del ámbito educativo, la sentencia de este viernes excede el caso particular y podría convertirse en una señal sobre cómo responder ante las agresiones contra docentes y autoridades escolares.
Desde el ámbito docente y gremial también se plantea que estos episodios forman parte de una problemática social más amplia vinculada con las dificultades para resolver conflictos y frustraciones sin recurrir a la violencia, aunque esta interpretación no constituye un dato estadístico oficial.
Fuente: Medios
