La causa por la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén tuvo este jueves un giro que parece no haber causado sorpresas. El Tribunal de Impugnación, integrado por Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno, resolvió por unanimidad revocar la absolución por asociación ilícita que había dictado el tribunal de juicio y confirmó la responsabilidad de los 12 condenados por administración fraudulenta agravada.
La causa fue reenviada a un nuevo Tribunal Colegiado, que deberá realizar una nueva audiencia de cesura para fijar las penas contemplando ahora ambos delitos: asociación ilícita y administración fraudulenta.
El fallo original, dictado el 23 de septiembre de 2025 por los jueces Juan Manuel Kees, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, había encontrado responsables a los acusados por el desvío de fondos destinados a subsidios por desocupación laboral, pero descartó la asociación ilícita “por el beneficio de la duda”. El nuevo fallo de impugnación deja un poco de fricciones entre los argumentos de los jueces de ambos tribunales con distintos criterios.
Esa decisión derivó en penas de entre 3 y 5 años de prisión, según el grado de participación de cada imputado.
Planes sociales: la insistencia del gobierno por “penas más duras”
Tanto el Ministerio Público Fiscal (a través del fiscal jefe Pablo Vignaroli y el fiscal Juan Narváez) como la Fiscalía de Estado, representada por Gustavo Kohon, habían impugnado ese punto de la sentencia.
Sostuvieron que la maniobra para defraudar al Estado fue ejecutada por una organización criminal estable, con estructura, permanencia en el tiempo y reparto de funciones entre sus integrantes.
El propio gobernador Rolando Figueroa había insistido públicamente, desde el día del veredicto, en que debía modificarse esa calificación legal.
Con la nueva calificación, el marco punitivo se amplía. Si antes las penas por administración fraudulenta rondaban entre 2 y 6 años, la inclusión de la asociación ilícita eleva ese piso y techo a un rango de entre 4 y 10 años.
Será el nuevo tribunal el que deba determinar, en la próxima cesura, qué pena le corresponde a cada uno de los doce condenados: Orlando Abel Di Luca, Tomás Siegenthaler, Ricardo Soiza, Néstor Pablo Sanz, Marcos Osuna, Julieta Oviedo, Luis María Gallo, Alfredo Cury, Laura Reznik, Isabel Montoya, Valeria Honorio y Emanuel Victoria Contreras
El Tribunal de Impugnación falló por unanimidad, dio vuelta la sentencia y ordenó un nuevo juicio de cesura para fijar las penas por los dos delitos.
¿Y la plata de la Caja Azul?
Vale destacar que nunca se investigó la pista de hacia dónde fue el dinero de los planes sociales, con los intermediarios y la política. Es decir, hubo administración fraudulenta; ahora se confirma la asociación ilícita, pero nunca se indagó sobre los detalles de la Caja Azul de la política.
Fuente Medios
