El Jurado de Enjuiciamiento de Neuquén abrió formalmente el proceso contra Andrea Di Prinzio, jueza de Familia, Niñez y Adolescencia de Junín de los Andes, por presunto mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. La magistrada enfrenta 16 cargos vinculados con supuestas prácticas sistemáticas de violencia laboral contra empleadas, funcionarias, operadoras de las Oficinas de Violencia, profesionales de equipos técnicos y abogadas.
La decisión quedó asentada en el Acta 375/2026, firmada el 8 de octubre y aprobada por unanimidad. Todos los integrantes del Jurado adhirieron al voto de su presidenta, la defensora general Vanina Merlo.
En la misma resolución, el organismo rechazó el pedido de suspensión provisoria de la jueza presentado por la Comisión Especial e inadmitió al Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) como amigo del tribunal, pese a que el gremio había impulsado la denuncia original.
Los 16 cargos se sustentan, según la Comisión Especial, en testimonios videofilmados e informes técnicos del Poder Judicial. El dictamen describe un “ejercicio sistemático de modalidades de violencia laboral y de prácticas de gestión incompatibles con los deberes funcionales”.
Los cargos por violencia laboral
De acuerdo con la acusación, desde 2015 Di Prinzio habría sometido al personal a gritos, humillaciones públicas y expresiones descalificadoras como “hacen todo mal” o “estás trabajando muy lento”.
El dictamen caracteriza la situación como un “hostigamiento rotativo”, en el que las agresiones se dirigían alternativamente a distintas personas y mantenían a quienes trabajaban en el juzgado en un “estado permanente de alerta”.
Entre los episodios señalados, se le atribuye haber golpeado el escritorio y gritado cuando una funcionaria solicitó el traslado a otra dependencia. En esa ocasión, según la denuncia, le habría dicho que podía “echarla de patitas a la calle con su hija”.
Otro hecho habría ocurrido durante una discusión en un pasillo, cuando la jueza presuntamente apoyó dos dedos en el pecho de una operadora de la Oficina de Violencia y la empujó levemente. Al finalizar el episodio, habría invitado irónicamente a quienes esperaban una audiencia: “Pasen, pasen, no tengan miedo”.
La acusación también incluye supuestos insultos y descalificaciones. Di Prinzio habría llamado “traidora”, “vaga” y “desagradecida” a una funcionaria, “cucaracha” a otra y “hormigas esclavas” al personal del juzgado. Sobre las Oficinas de Violencia de Junín de los Andes y San Martín de los Andes, habría dicho que “trabajan para la mierda” y que “son inútiles”.
También se le reprochan comentarios sobre la vestimenta y el cuerpo de empleadas, así como expresiones dirigidas a mujeres que acudían al juzgado por causas de familia o violencia, entre ellas: “Vos elegiste al padre de tus hijos”.
Otros cargos se relacionan con presuntas represalias contra quienes solicitaban traslados o participaban en concursos. Según la acusación, la jueza habría retirado el saludo a integrantes del personal, aislado a algunas personas o cambiado sus lugares de trabajo como castigo.
Además, se le atribuyen cuestionamientos a una funcionaria durante su período de lactancia, haber arrojado expedientes al piso e interrumpido entrevistas del Equipo Interdisciplinario con la orden “vení ya”.
“A mí no me van a hacer nada”
Uno de los cargos se refiere a expresiones que, según dos testimonios, Di Prinzio habría repetido ante el personal: “Que el gremio me denuncie si me tiene que denunciar, a mí no me va a pasar nada”, “yo estoy protegida” y “nadie me va a poder tocar”.
Para la Comisión Especial, esas frases, pronunciadas desde una posición jerárquica, eran “objetivamente aptas” para desalentar reclamos y reforzar una “percepción de impunidad”.
Los informes de Salud Ocupacional y Gestión Humana también fueron incorporados al expediente. Allí se registraron un “malestar laboral de larga data” en el juzgado y las Oficinas de Violencia, licencias psicológicas reiteradas y pedidos de traslado, algunos acompañados por expresiones como “no aguanto más estar acá”.
La defensa de la jueza
En su descargo ante la Comisión Especial, Di Prinzio rechazó las acusaciones y negó haber pronunciado las expresiones que se le atribuyen.
La magistrada recordó que asumió el 1 de enero de 2015 en un juzgado nuevo, sin personal, edificio ni mobiliario, y que recibió más de 1.500 causas provenientes de juzgados civiles. Reconoció que al comienzo tuvo dificultades para conducir al equipo y señaló que, por recomendación de Gestión Humana, realizó un curso de coaching ontológico en 2017 y 2018, que modificó su forma de trabajar.
También destacó que subrogó los dos juzgados civiles, el de Villa La Angostura y el de Familia de Zapala sin conflictos con el personal. Agregó que durante nueve años cubrió en exclusiva la guardia de violencia, sin fines de semana libres.
La jueza ubicó los problemas con la Oficina de Violencia de San Martín de los Andes a partir de 2022 y aseguró que en 2023 pidió al Tribunal Superior de Justicia intervenir esa dependencia por las demoras. Según explicó, una medida que no se notifica a tiempo “puede implicar un femicidio”.
“No es la persona que se describe en la denuncia”, resumió. También afirmó que lleva un año sin trabajar, que sufrió violencia a través de carteles y escraches con su foto en edificios judiciales y redes sociales, y que quiere regresar a su juzgado.
Por qué el Jurado no la suspendió
El Jurado rechazó la suspensión provisoria de Di Prinzio. Merlo recordó que, desde la reforma de la Ley 2.698, esa medida dejó de ser automática y debe aplicarse como “última ratio”.
La presidenta advirtió que una suspensión podría resultar “más gravosa” que la sanción final y convertirse en un “virtual adelantamiento de pena”.
Además, la magistrada se encuentra de licencia y alejada del contacto con potenciales testigos. Su defensa presentó un informe de Psicología Laboral del 17 de septiembre que la Comisión Especial no había evaluado.
El Jurado aclaró que podrá revisar la decisión si la investigación lo requiere y que, ante una eventual reincorporación, el Poder Judicial cuenta con mecanismos para evitar el contacto con los testigos.
El SEJUN no podrá intervenir como amigo del tribunal
El sindicato, representado por su secretario general Santiago Alonso y la subsecretaria Griselda Porro, había solicitado participar como amicus curiae. La defensa se opuso al plantear que el gremio era parte interesada, había originado la denuncia y realizado escraches en edificios judiciales de la provincia.
El Jurado coincidió con la defensa. Indicó que el SEJUN no acreditó su personería ni una “especial idoneidad” sobre el tema. También señaló que en el expediente se detectaron indicadores de violencia laboral en “formas mixtas”, entre ellas una “violencia ascendente” vinculada con “acciones gremiales inadecuadas”. Por esos motivos, concluyó que la intervención del sindicato no representaría “un aporte provechoso”.
El proceso tuvo varios obstáculos. Una primera Comisión Especial había archivado la denuncia, pero en mayo el Jurado anuló ese dictamen por falta de investigación. En julio, una nueva Comisión integrada por el fiscal general José Gerez, el diputado Francisco Lépore y la abogada Cecilia López declaró admisible el jury.
Luego, desde el SEJUN denunciaron que el trámite se había demorado por recusaciones de la jueza contra integrantes del tribunal.
Cómo sigue el proceso
El expediente pasará al fiscal jefe Agustín García, ya que Gerez no puede intervenir por haber integrado la Comisión Especial. García tendrá seis días para formular la acusación y, luego, la jueza y sus abogados dispondrán del mismo plazo para presentar la defensa. Ambas partes podrán extender esos términos por otros seis días con una comunicación formal, debido a la complejidad del caso.
El Jurado está integrado por Vanina Merlo, los conjueces Lucas Yancarelli y Federico Sommer, los diputados Yamila Hermosilla y Alberto Bruno, y los abogados Carlos Omar Bustos y Alejandro Héctor Jofré.
Fuente: Medios
