La disputa política en Allen volvió a escalar luego de que el intendente Marcelo Román denunciara ante el Tribunal de Cuentas municipal al presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, y a los concejales Guillermo Pennesi, Néstor Soler y Marianela Rodríguez.
Román señaló a los ediles como responsables de la suspensión que calificó de ilegítima y acusó a Figueroa de haber ocupado de manera irregular la intendencia durante los cinco días en los que permaneció al frente del Ejecutivo municipal.
Según la denuncia difundida por el intendente, Figueroa habría percibido haberes correspondientes al período del 24 al 31 de julio, cuando ejerció como intendente interino. Además, Román afirmó que solicitó un anticipo de $1.500.000 a cuenta de sus haberes de agosto. Por estos hechos, pidió la restitución de los fondos y anticipó que solicitará una denuncia penal por abuso de autoridad, usurpación de funciones y desobediencia judicial.
El intendente sostuvo que los pagos se realizaron cuando la ordenanza que disponía su suspensión ya se encontraba judicializada y que la situación quedó posteriormente alcanzada por la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que declaró la nulidad de las ordenanzas vinculadas con su apartamiento.
Un conflicto que viene desde hace más de un año
La gestión de Román ha estado atravesada por conflictos políticos, administrativos, gremiales y judiciales. El intendente, que llegó al cargo en 2023 por la UCR y posteriormente se incorporó a La Libertad Avanza, enfrentó distintas controversias durante su mandato.
Las tensiones se profundizaron en 2025 a partir de cuestionamientos sobre el funcionamiento de la administración municipal, denuncias ante el Tribunal de Cuentas y un conflicto con trabajadores municipales que incluyó despidos y medidas de fuerza.
En julio de 2026, el Concejo Deliberante aprobó por seis votos contra tres la suspensión preventiva de Román, sin goce de haberes, en el marco de acusaciones vinculadas con administración fraudulenta y peculado.
Román rechazó la medida y la calificó como un “golpe de Estado constitucional municipal”. Finalmente, la Justicia provincial hizo lugar a sus planteos y el STJ declaró la nulidad absoluta de las ordenanzas de suspensión, al considerar que el Concejo había incurrido en una usurpación de atribuciones al rechazar el derecho a veto del intendente.
Con la restitución de Román al frente del municipio, el conflicto lejos de cerrarse ingresó en una nueva etapa, ahora con denuncias contra quienes participaron de su desplazamiento y nuevos reclamos sobre el manejo de los fondos públicos durante el período de intervención.
Fuente: Medios.
