En Neuquén, la ministra Soledad Martínez sostuvo que el abordaje será “pedagógico, no punitivista ni reglamentarista”, y remarcó que el objetivo es trabajar con los estudiantes dentro de las instituciones, en lugar de expulsarlos ante situaciones de conflicto.
Desde Río Negro, en tanto, señalaron que se apuesta a un “acompañamiento integral a través de acciones situadas y el cuidado de entornos seguros”. Ambas jurisdicciones coincidieron en que suspender las clases no es la solución, y que la prioridad es sostener a los alumnos en las aulas.
Las amenazas, muchas veces originadas en desafíos virales de redes sociales, ya derivaron en intervenciones judiciales y en la activación de protocolos específicos. En ese marco, los gobiernos provinciales subrayaron la necesidad de no naturalizar la violencia como forma de resolución de conflictos y de fortalecer los vínculos dentro de la comunidad educativa.
Cada alerta activa un trabajo coordinado entre distintas áreas del Estado, como salud, seguridad y fiscalías. Además, se elaboran guías para que directivos y supervisores puedan actuar con rapidez, mientras se convoca a las familias a involucrarse activamente.
En Neuquén, el Consejo Provincial de Educación avanza en una Guía de Abordaje para todos los niveles. Martínez descartó implementar medidas como detectores de metales o requisas: “No queremos convertir a las escuelas en espacios de detención”, afirmó.
En paralelo, la Policía difundió un mensaje advirtiendo que este tipo de amenazas constituyen un delito, incluso cuando se presentan como bromas. También pidió a las familias supervisar el uso de redes sociales y comunicarse al 101 ante cualquier sospecha.
Desde el gremio ATEN, en tanto, plantearon una mirada crítica sobre el contexto social. Su secretaria de prensa, Marisabel Granda, sostuvo que la violencia que aparece en las escuelas refleja discursos presentes en otros ámbitos, incluso en la política. Además, reclamaron una reunión interministerial y cuestionaron medidas punitivas como la restricción del uso de celulares.
En Río Negro, la Dirección General de Educación detalló que ante una amenaza se activa un protocolo que incluye dar aviso inmediato al 911 y realizar la denuncia correspondiente, incluso ante sospechas no confirmadas. Esto permite que la Justicia intervenga mientras se resguarda a la comunidad educativa.
La provincia también trabaja en la capacitación de docentes y supervisores, y en la elaboración de una guía propia para abordar situaciones complejas. Desde el ministerio remarcaron que la construcción de acuerdos de convivencia debe ser colectiva y que el rol de las familias es clave.
“Los chicos están en la escuela unas horas, pero el resto del día con sus familias. Es necesario fortalecer los vínculos y la escucha”, señalaron desde la cartera educativa rionegrina.
Fuente: Medios
