La causa que investiga el presunto desvío de fondos públicos hacia la cooperativa Viento Sur entró en una etapa decisiva. El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó a la Oficina Judicial que fije una audiencia de control de acusación, instancia previa al inicio de un eventual juicio oral, en un expediente que tiene ocho personas imputadas, entre ellas dos exministros de la gestión de Omar Gutiérrez.
El pedido fue realizado este jueves 3 de septiembre por la fiscal Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli. En la audiencia, la Fiscalía deberá presentar formalmente la acusación y la prueba con la que pretende llevar el caso a juicio, mientras que las defensas podrán cuestionar los planteos y formular sus propios pedidos.
La investigación analiza hechos ocurridos entre 2022 y 2023, vinculados con fondos destinados a un programa de capacitación. Según la hipótesis fiscal, los recursos fueron entregados pese a que no se habrían cumplido los controles y requisitos establecidos para justificar los desembolsos.
El expediente comenzó concentrado en las personas vinculadas con la cooperativa y en quienes recibieron y administraron los fondos. Sin embargo, el análisis de la documentación llevó a la Fiscalía a investigar también a los funcionarios que tenían responsabilidades en el control y autorización de los pagos.
En ese proceso quedaron bajo la lupa Ricardo Soiza, Tomás Siegenthaler y los exministros Abel Di Luca y Germán Chapino. En marzo de este año, la Fiscalía amplió la formulación de cargos e incorporó formalmente a Di Luca y Chapino a la causa.
Según la acusación, ambos habrían autorizado la continuidad de pagos a Viento Sur sin verificar el cumplimiento de las condiciones previstas por el programa. La Fiscalía sostiene además que aceptaron rendiciones que presentaban inconsistencias, eran incompletas o directamente no estaban acreditadas.
Otro elemento incorporado a la investigación fueron informes de la Contaduría General de la Provincia, que durante el período analizado habría formulado observaciones desfavorables que no impidieron que los desembolsos continuaran.
El presunto perjuicio supera los $1.200 millones
Uno de los datos que se modificó durante la investigación fue el monto atribuido al presunto perjuicio económico. En una primera etapa, la Fiscalía había estimado el daño en $1.341.400.640, pero con la ampliación de la acusación la cifra quedó establecida en $1.208.657.600 a valores históricos.
El Ministerio Público explicó que la diferencia obedeció a que finalmente se excluyó un período que había sido contemplado inicialmente. La cifra, además, corresponde al valor histórico de los hechos y no está actualizada a valores actuales.
La acusación sostiene que los integrantes de Viento Sur habrían recibido y administrado fondos con un destino específico y presentado rendiciones con distintas irregularidades, entre ellas comprobantes que no coincidirían con movimientos bancarios y duplicación de gastos.
A su vez, otras personas fueron señaladas como partícipes necesarios, por su presunta intervención en la recepción de fondos que, según la Fiscalía, no habrían tenido una contraprestación que justificara esos pagos.
Una causa que entró en la recta final
La investigación debió extenderse luego de la incorporación de los exministros. Las defensas solicitaron más tiempo para producir medidas y, entre otras diligencias, se ordenó analizar información extraída de un teléfono celular, documentación del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y realizar un estudio contable sobre los pagos investigados.
La causa fue declarada compleja y tuvo una nueva prórroga de cuatro meses. Con esa etapa cumplida, la Fiscalía considera que el expediente ya está en condiciones de avanzar hacia la discusión de la acusación.
Si la audiencia de control supera los planteos de las defensas y la acusación queda habilitada, el caso podrá avanzar al juicio oral. El MPF anticipó que prevé convocar a unas 80 personas como testigos y que, por la cantidad de imputados y la complejidad del expediente, el debate podría quedar a cargo de un tribunal colegiado integrado por tres jueces o juezas.
La Fiscalía de Estado, que interviene como querellante y había presentado la denuncia inicial, acompañó el pedido para avanzar hacia la audiencia.
Ahora será la Justicia la que deberá fijar la fecha de esa instancia y determinar si la acusación reúne las condiciones necesarias para que el expediente llegue finalmente a juicio. La responsabilidad penal de los ocho imputados todavía deberá ser definida por los tribunales.
Fuente: Medios.
