La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja para intentar impedir la ejecución del decomiso de sus bienes en la causa Vialidad, luego de que la Corte Suprema rechazara los planteos de nulidad y confirmara la actualización del monto que deberán afrontar los condenados.
Según pudo saber medios, la presentación busca frenar el avance sobre los bienes alcanzados por la condena y evitar su eventual remate. El mismo camino judicial fue seguido por el empresario Lázaro Báez, también condenado en el expediente.
Con su última resolución, la Corte dejó firme el monto actualizado del decomiso, fijado en $684.990 millones, cifra que surge de la actualización de los cerca de $85.000 millones establecidos originalmente por el Tribunal Oral Federal N° 2.
La disputa judicial se concentra ahora en la etapa de ejecución patrimonial, que podría alcanzar distintos bienes vinculados a la ex mandataria, entre ellos inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en Santa Cruz, hoteles relacionados con empresas de la familia Kirchner y otros activos incorporados al expediente.
La defensa de Cristina Kirchner, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, también solicitó que queden excluidos del proceso los bienes pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner, al sostener que no existen pruebas de que esos activos provengan de los hechos investigados.
La causa Vialidad es uno de los expedientes de corrupción de mayor impacto en la historia reciente del país. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N° 2 condenó a la ex presidenta por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en relación con 51 contratos de obra pública adjudicados en la provincia de Santa Cruz.
Esa sentencia fue ratificada en las distintas instancias judiciales y quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema.
Uno de los aspectos centrales del fallo es el decomiso de bienes, una herramienta prevista por la legislación penal para recuperar activos vinculados con delitos contra el Estado. El monto fue calculado a partir del perjuicio económico atribuido a las irregularidades detectadas en las licitaciones investigadas.
El expediente mantiene, además, otros frentes abiertos. La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados al considerar que los activos relacionados con presuntos hechos de lavado de dinero deben quedar bajo la órbita de organismos especializados.
Si bien los nuevos recursos podrían demorar algunas definiciones, especialistas sostienen que los recursos de queja no tienen efecto suspensivo automático, por lo que la Justicia podría avanzar de manera paralela con la identificación, tasación y eventual ejecución de los bienes comprendidos en la condena.
El caso también mantiene una fuerte repercusión política. Mientras Cristina Kirchner insiste en denunciar una persecución judicial y cuestiona las decisiones de los tribunales, desde el oficialismo sostienen que la confirmación de la condena representa un paso clave en la lucha contra la corrupción.
De esta manera, la disputa por el decomiso de los bienes se convirtió en la última etapa de un proceso judicial que lleva más de una década y que ahora ingresa en la fase de ejecución patrimonial.
Fuente: Medios
