La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una extensa jornada parlamentaria, con dos iniciativas centrales para el Gobierno: la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como “Ley Malvinas”, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La sesión especial comenzará a las 12, por pedido del jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y se prevé que el debate se prolongue hasta las primeras horas del jueves.
El temario también contempla los acuerdos para transferir competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en materia de delitos de menores y contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, y una enmienda al Protocolo de Montevideo.

Ley Malvinas: el capítulo que puede quedar afuera
El oficialismo cuenta con los votos para aprobar en general el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, pero todavía no tiene asegurado el respaldo necesario para sostener todos sus artículos. La principal dificultad está en el capítulo 7, que genera resistencia entre bloques dialoguistas y podría ser eliminado durante la votación en particular.
En una reunión a puertas cerradas realizada el jueves pasado en el Salón de Honor, el Gobierno buscó ordenar el apoyo de sus aliados. El PRO y la UCR anticiparon que acompañarán la iniciativa, incluso si se introducen modificaciones. En cambio, Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi reclamaron cambios profundos en el capítulo cuestionado.

La respuesta oficial fue ofrecer retoques menores, una postura que mantiene abierta la posibilidad de que ese apartado no consiga los votos necesarios. Para aprobarlo se requiere una mayoría especial de 129 diputados, ya que incluye modificaciones al sistema electoral, entre ellas multas para extranjeros que financien campañas políticas.
Ante ese escenario, no se descarta que el Gobierno termine aceptando la eliminación del capítulo para garantizar un respaldo más amplio al núcleo del proyecto: las sanciones contra empresas que exploten recursos en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina.
La iniciativa establece penas económicas y penales para quienes participen de la explotación no autorizada de recursos renovables y no renovables en el Atlántico Sur. Las condenas podrían llegar hasta los 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores de las compañías involucradas. Quedan exceptuados los accionistas con participaciones de hasta el 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones.
Sin embargo, las diferencias exceden ese régimen de sanciones. Uno de los puntos más cuestionados es la ampliación de las facultades del Poder Ejecutivo para intervenir frente a una “amenaza externa”, una figura que la oposición considera definida de manera imprecisa.
El proyecto crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será presidido por el Presidente e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica. A pedido de los bloques aliados, también podrán participar como miembros no permanentes el titular de Diputados, el presidente provisional del Senado y los gobernadores.
Entre las atribuciones del nuevo organismo figura la coordinación de las políticas de seguridad, defensa e inteligencia estratégica, además de la protección de infraestructuras críticas. Ante una amenaza externa grave, podría disponer medidas urgentes como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones y contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y aumentar de manera transitoria los derechos aduaneros.

También siguen en el texto dos de los aspectos que más objeciones generaron: el protocolo para el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques, y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas participen en “operaciones no convencionales”. La oposición advierte que estas disposiciones pueden desdibujar los límites entre las tareas de defensa y las de seguridad interior.
A pedido del diputado Eduardo Falcone, del MID, el oficialismo incorporó una Comisión Bicameral de Seguimiento para controlar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional. El Poder Ejecutivo deberá comunicarle las medidas adoptadas en un plazo máximo de 48 horas.

Otro punto de controversia es la incorporación a la ley del Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET). El proyecto habilita la inscripción de organizaciones cuando existan “motivos razonables para sospechar” que están vinculadas con actividades terroristas.
Para el peronismo y la izquierda, la redacción utiliza conceptos demasiado amplios y deja margen para decisiones discrecionales del Ejecutivo. Según sus cuestionamientos, esto podría habilitar persecuciones contra sectores disidentes y restricciones a libertades civiles y políticas.
Tras las críticas recibidas durante el tratamiento, el Gobierno aceptó excluir de cualquier persecución penal o económica a la actividad diplomática, el ejercicio periodístico, la investigación académica y el lobby regulado.
La reforma del Banco Central y el objetivo de emisión cero
El segundo proyecto que concentrará buena parte de la discusión es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Después de no conseguir los respaldos para insistir con la versión original aprobada en Diputados, La Libertad Avanza aceptó los cambios introducidos por el Senado.
La propuesta inicial establecía que la remoción de los integrantes del directorio del BCRA debía contar con el voto de dos tercios de ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, la Cámara alta modificó ese mecanismo y dispuso que alcance con una mayoría absoluta de sus miembros para apartar a los directores.

Aunque el oficialismo evaluó recuperar el texto original, finalmente tuvo que aceptar la modificación. De esta manera, Diputados pierde intervención en el mecanismo de designación y remoción de las autoridades de la entidad.
Más allá de ese cambio institucional, el eje de la reforma es establecer la preservación del valor de la moneda como único objetivo del Banco Central y consolidar el principio de “emisión cero”. La iniciativa elimina el esquema de múltiples propósitos incorporado por la ley 26.739, sancionada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El proyecto prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles, la conversión de utilidades en ganancias reales y la compra de títulos públicos en el mercado primario.
“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, sostiene el texto.

La reforma también elimina las atribuciones del directorio para orientar el crédito hacia determinados sectores y establecer políticas crediticias diferenciadas. Según los fundamentos oficiales, esas herramientas corresponden a la banca de fomento y no a las funciones de una autoridad monetaria.
El objetivo del presidente Javier Milei es limitar la capacidad de futuras administraciones para recurrir a la emisión y al financiamiento del Estado. Para el Gobierno, el saneamiento actual del balance del Banco Central no sería suficiente si una gestión posterior pudiera modificar esas reglas y volver a generar inflación mediante la emisión monetaria.

Fuente: Medios










