La información surgió a partir de un pedido de informes presentado por legisladores opositores, que buscaban conocer los fundamentos de la contratación, el costo del servicio y las funciones asignadas a la firma.
Las respuestas fueron elaboradas por Altec y el Ministerio de Modernización. Si bien ambos organismos brindaron explicaciones sobre el funcionamiento del sistema y la protección de los datos biométricos, no precisaron cuánto se le paga a Airata, uno de los principales puntos planteados por los legisladores.
El sistema se extiende a más trabajadores
La implementación del control facial comenzó a ampliarse durante agosto y continuará en septiembre. El sistema ya funciona en el hospital de San Antonio, donde alcanza a unos 220 agentes, mientras que terminó su instalación en el hospital de General Roca, con aproximadamente 730 trabajadores.
Durante septiembre está prevista su puesta en funcionamiento en la sede del Ministerio de Salud en Viedma, donde trabajan alrededor de 300 agentes. En total, estos tres establecimientos reúnen a unos 1.250 empleados públicos.
La expansión del sistema ya generó resistencia entre algunos trabajadores, con presentaciones individuales de agentes que manifestaron su negativa a prestar consentimiento para el registro mediante reconocimiento facial.
Además, UPCN evalúa presentar un recurso de amparo, según anticipó su delegada sindical en el sector, Noemí Salazar.
Qué respondió Altec sobre Airata
El pedido de informes había sido presentado en junio a partir de los cuestionamientos sobre la participación de una empresa privada en el sistema.
El Ministerio de Salud se desligó de la contratación al señalar que no intervino en el proceso. Las respuestas quedaron a cargo de Altec y el Ministerio de Modernización.
Altec explicó que fue contratada por el Gobierno provincial para implementar la solución de biometría facial destinada al personal de Salud y que, posteriormente, subcontrató a Airata para aportar la plataforma tecnológica utilizada para la verificación biométrica.
Según la sociedad estatal, la elección de Airata surgió de una investigación de mercado que incluyó a seis proveedores potenciales.
La firma seleccionada habría presentado la mejor combinación de madurez tecnológica, capacidad para implementar el sistema en los plazos previstos, soporte permanente y condiciones económicas.
Altec justificó la subcontratación al considerar que ocuparse directamente de ese componente “no resultaba ni razonable ni eficiente”.
El costo que no fue informado
Uno de los principales interrogantes del pedido legislativo era conocer cuánto dinero recibe Airata por su participación en el sistema. Sin embargo, Altec no brindó ese dato.
La sociedad estatal sostuvo que el monto que correspondía informar era el de la contratación realizada entre el Estado provincial y Altec, y no el convenio posterior con la empresa privada. El contrato global entre la Provincia y Altec asciende a $1.226 millones.
De ese monto, algo más de $953 millones corresponden a un pago por única vez, destinado a la provisión, desarrollo y puesta en funcionamiento de las terminales de registro en 38 hospitales y 190 centros de Salud.
Los restantes $272 millones anuales corresponden a la licencia y utilización de la plataforma para aproximadamente 7.200 agentes del Ministerio de Salud. La respuesta oficial, por lo tanto, deja sin precisar cuál es el monto que Altec destina específicamente a la contratación de Airata.
La Provincia asegura que los datos biométricos están protegidos
Buena parte de las respuestas oficiales estuvo destinada a explicar cómo se protegen los datos obtenidos mediante el reconocimiento facial.
Altec sostuvo que la titularidad y el control de las bases de datos biométricos pertenecen a la Provincia, a través de la Secretaría de la Función Pública.
Según explicó, Airata interviene como encargada del tratamiento de los datos exclusivamente para brindar el servicio tecnológico y no está autorizada a utilizarlos con fines propios, explotarlos comercialmente o conservarlos más allá de los períodos establecidos.
La sociedad estatal tampoco entregó detalles técnicos específicos del sistema, argumentando que esa información podría comprometer su seguridad.
Modernización defendió la arquitectura del sistema
El Ministerio de Modernización, conducido por Milton Dumrauf, coincidió con Altec en que la participación de Airata se limita a la provisión de la plataforma de verificación de identidad utilizada para registrar la asistencia. El organismo destacó además la “arquitectura de seguridad” implementada.
Según la explicación oficial, el sistema se diferencia de los mecanismos tradicionales basados en una base centralizada con usuario y contraseña y utiliza un esquema de identidad digital, con criptografía de curvas elípticas y almacenamiento segregado de los datos.
El Gobierno sostiene que este diseño permite reforzar la protección de la información biométrica de los trabajadores.
El consentimiento de los empleados, otro punto de conflicto
Otro de los aspectos que podría generar discusión es el consentimiento de los empleados para utilizar el sistema.
Modernización sostuvo que el control mediante biometría facial no depende del consentimiento integral del agente. El argumento oficial es que la implementación se basa en el cumplimiento de las obligaciones legales y en las facultades del Estado para controlar la asistencia de sus trabajadores.
En ese sentido, el Ministerio considera que el registro de asistencia mediante este mecanismo constituye un deber funcional del agente. Esta postura podría convertirse en uno de los puntos centrales de las presentaciones sindicales que cuestionan el sistema.
Un sistema que seguirá expandiéndose
Mientras continúan las críticas y el debate sobre el manejo de los datos biométricos y la contratación de Airata, el Gobierno provincial mantiene el cronograma de expansión.
El sistema ya comenzó a implementarse en establecimientos de Salud y durante septiembre llegará a nuevos trabajadores.
El conflicto, sin embargo, no se limita a la tecnología utilizada: el costo de la contratación privada y la obligatoriedad del registro facial aparecen ahora como los principales puntos de discusión entre el Gobierno, los legisladores opositores y los representantes de los trabajadores.
Fuente: Medios
