El Senado retomará esta semana el tratamiento del proyecto que garantiza la continuidad de las principales prestaciones para las personas con discapacidad. La iniciativa se debatirá este miércoles a las 16 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, con el objetivo del oficialismo de avanzar hacia su sanción definitiva entre el 19 y el 26 de noviembre.
Las comisiones están presididas por el libertario Agustín Monteverde y la senadora peronista santacruceña Alicia Kirchner, respectivamente. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, buscará conseguir el dictamen para llevar el proyecto al recinto durante la última sesión del período ordinario.
La propuesta ya recibió un amplio respaldo en la Cámara de Diputados, donde fue aprobada con el acompañamiento de legisladores oficialistas y opositores. Su sanción es una de las condiciones que plantean los bloques aliados para garantizar la continuidad de las prestaciones una vez que venza la ley de emergencia en discapacidad, que la oposición logró aprobar el año pasado pese al veto del presidente Javier Milei.
El debate se había reactivado después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazara mantener el esquema vigente e impulsara cambios en el proyecto de Presupuesto 2027. La propuesta original del Gobierno contemplaba eliminar el nomenclador único y el arancel unificado para los prestadores, derogar la actualización mensual de los aranceles, suprimir la compatibilidad entre las pensiones y el empleo formal y regresar a un modelo médico restringido a la invalidez laboral.
Ese planteo provocó un fuerte conflicto en Diputados. Finalmente, el oficialismo avanzó con una nueva iniciativa que recuperó los principales beneficios de la ley de emergencia. La eliminación de los artículos cuestionados y la garantía de los recursos para financiar el sistema también quedaron entre los reclamos de los bloques dialoguistas para acompañar el Presupuesto 2027.
Dentro de La Libertad Avanza, el proyecto contó con el impulso de dos diputadas cercanas a Bullrich: Laura Rodríguez Machado, que encabezó parte de las negociaciones, y Silvana Giudici, una de las principales articuladoras de la estructura oficialista.
Qué establece el proyecto aprobado en Diputados
La iniciativa, denominada “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”, mantiene prácticamente todo el esquema de beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad. De esta manera, busca convertir sus disposiciones en una norma permanente y de orden público.
Uno de sus puntos centrales es la continuidad de la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad, equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, y el desempeño de un empleo formal o la inscripción en el monotributo. Para acceder a ese beneficio, los ingresos no deberán superar los dos salarios mínimos, vitales y móviles. La medida alcanza a quienes tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El texto también conserva el nomenclador único y establece la actualización automática y periódica de los aranceles de las prestaciones según el índice de movilidad jubilatoria, vinculado al IPC. Además, garantiza la cobertura básica de protección médica del programa federal Incluir Salud para los titulares de la pensión.
En cuanto al financiamiento, dispone que la asignación presupuestaria del Ministerio de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la correspondiente al ejercicio fiscal anterior.
El proyecto incorpora, además, un sistema de auditorías periódicas que contempla el cruce de información entre la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), bajo el principio del debido proceso inclusivo.
Por último, a pedido de los bloques aliados, se agregó una cláusula transitoria que establece un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores y fija un plazo máximo de 30 días para que el Poder Ejecutivo reglamente la ley.
Fuente: Medios
