Se trata de José Ceferino Burgos y Ricardo Alberto Méndez, quienes trabajaban como operadores de la red de agua en Chos Malal, dentro de la Subgerencia Zona Norte. Ambos también quedaron imputados en una causa penal por los delitos de hurto simple y encubrimiento, identificada con el expediente N° 24562/2024.
Los medidores aparecieron a la venta en Marketplace
Según la documentación oficial, a fines de 2011 habían ingresado al EPAS de Chos Malal 238 medidores de agua, que fueron almacenados en un sector del depósito cerrado con cadena y candado.
El espacio era utilizado exclusivamente por la cuadrilla y, de acuerdo con la investigación, las únicas personas que tenían las llaves eran Burgos y Méndez.
La situación quedó bajo sospecha cuando el jefe de servicio de la planta de tratamiento y de la red de distribución detectó que faltaba una cantidad importante de medidores y sus respectivas cajas.
La investigación permitió establecer que algunos de esos elementos habían sido publicados en Facebook Marketplace. La primera publicación detectada correspondía al 3 de octubre de 2023 y la más reciente, al 11 de marzo de 2024.
Trabajadores del EPAS identificaron los productos ofrecidos como parte del stock del organismo por sus características, color y material de fabricación.
Qué encontraron en los allanamientos
La investigación sumó nuevos elementos durante los allanamientos realizados en los domicilios particulares de ambos empleados. En los procedimientos se secuestraron medidores de agua, abrazaderas y herramientas de trabajo vinculadas con las tareas que desarrollaban en el EPAS.
Además, existen sospechas de que para concretar algunas de las maniobras investigadas pudieron haber utilizado una camioneta oficial, aprovechando que ambos estaban a cargo de cuadrillas.
A partir de las pruebas reunidas, los auditores consideraron acreditado que los trabajadores incumplieron sus obligaciones y deberes durante el período comprendido, al menos, entre octubre de 2023 y marzo de 2024.
La conducta fue considerada una infracción al Convenio Colectivo de Trabajo y al Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén.
Exoneración, la sanción más grave
Por la gravedad de los hechos atribuidos, Burgos y Méndez fueron exonerados del EPAS, una sanción más severa que la cesantía y que implica la expulsión de la administración pública.
La medida se suma a otras expulsiones dispuestas por el Gobierno provincial desde la implementación de una política de mayor control sobre el desempeño de los empleados estatales.
Mientras tanto, la investigación penal continúa para determinar las responsabilidades correspondientes por la presunta sustracción y comercialización de los elementos pertenecientes al organismo provincial.
Fuente: Medios
