El Gobierno de Neuquén dispuso la cesantía de otros tres empleados de la administración pública provincial, en el marco de la política de control sobre el presentismo y el cumplimiento de las obligaciones laborales que impulsa la gestión de Rolando Figueroa.
Las desvinculaciones quedaron formalizadas mediante decretos firmados por el gobernador y alcanzaron a agentes de planta permanente de los ministerios de Trabajo y Desarrollo Humano, y de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.
Según los expedientes administrativos, las medidas se fundamentaron en reiteradas ausencias injustificadas y abandono de cargo. En las actuaciones también se cuestionó la falta de compromiso con las tareas asignadas y el impacto que esas conductas habrían tenido sobre el resto del personal.
Los tres casos corresponden a Héctor José Adrián Romero, Claudio Alejandro Pino y Liliana Graciela Alfaro, quienes fueron investigados mediante sumarios administrativos antes de que se resolvieran sus cesantías.
Uno de los despidos alcanzó a Héctor José Adrián Romero, quien se desempeñaba como empleado de planta permanente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. La acusación fue por abandono de cargo, debido a inasistencias injustificadas registradas entre el 2 y el 23 de enero de 2024, y nuevamente entre el 26 de febrero y el 15 de marzo de ese año.
De acuerdo con el expediente, el agente fue convocado para ejercer su derecho a la defensa, pero no se presentó ni formuló un descargo.
Durante la investigación también se incorporaron testimonios que describieron dificultades para asignarle tareas y señalaron que, pese a las advertencias para que cuidara su puesto laboral, continuaba ausentándose y llegando tarde.
Una autoridad de la Dirección General de Protección de Derechos de las Personas Mayores declaró que Romero “aparecía un día y se iba, fichaba y se iba, desapareciendo durante largos períodos de tiempo”.
Los auditores que intervinieron en el caso consideraron que las actuaciones demostraban una falta de interés en el empleo, tanto durante los períodos investigados como posteriormente. También advirtieron que esas conductas dejaban una mayor carga de trabajo sobre sus compañeros.
La segunda cesantía correspondió a Claudio Alejandro Pino, quien integraba la planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.
En su caso, el sumario administrativo investigó ausencias continuas e injustificadas entre el 2 de enero y el 30 de julio de 2024, además de una inasistencia registrada el 16 de agosto de ese mismo año.
El expediente sostuvo que el comportamiento del agente evidenciaba una conducta reiterada de incumplimiento de sus obligaciones laborales.
En ese sentido, las actuaciones señalaron que el abandono del puesto reflejaba una actitud intencional y un desinterés tanto por las responsabilidades propias de la función como por las consecuencias que la falta de asistencia podía generar en el funcionamiento del área y en sus compañeros.
A partir de esos antecedentes, el Gobierno resolvió avanzar con la desvinculación del empleado.
La tercera agente despedida fue Liliana Graciela Alfaro, también perteneciente a la planta permanente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.
La investigación se centró inicialmente en inasistencias injustificadas registradas entre el 3 de junio y el 19 de agosto de 2024.
Sin embargo, el expediente incorporó información adicional del área de Recursos Humanos que daba cuenta de nuevas ausencias durante el primer semestre de 2025.
Si bien el procedimiento administrativo tenía como período principal de análisis los meses de junio a agosto de 2024, las actuaciones utilizaron esos antecedentes posteriores para describir la continuidad de los incumplimientos.
El informe concluyó que las conductas observadas reflejaban una falta de interés en conservar el empleo y un incumplimiento sistemático de los deberes correspondientes a los trabajadores estatales.
La política de control del empleo público de Figueroa
Las tres cesantías se inscriben en la política de reducción de gastos y revisión del funcionamiento de la administración pública que impulsa el Gobierno neuquino desde el inicio de la gestión de Figueroa.
Desde el Ejecutivo sostienen que uno de los objetivos es eliminar gastos considerados innecesarios, terminar con privilegios y concentrar los recursos en las áreas esenciales del Estado, principalmente Educación, Salud y Seguridad.
En esa línea, el gobernador señaló recientemente que el 82% del gasto salarial provincial se destina a esas tres funciones fundamentales.
La administración también destacó la reducción de la planta política y las restricciones para incorporar personal, con prioridad para las áreas consideradas indispensables para la prestación de servicios públicos.
Además de las cesantías, los tres expedientes fueron remitidos al área de Recursos Humanos para determinar si los agentes percibieron haberes durante los días en los que no habrían prestado servicios.
Si se comprueba que cobraron salarios correspondientes a períodos no trabajados, el Gobierno buscará recuperar esos montos.
En caso de que los reclamos administrativos no prosperen, la Provincia prevé dar intervención a la Fiscalía de Estado para evaluar las acciones judiciales que correspondan ante un eventual perjuicio económico para la administración pública.
De esta manera, las desvinculaciones no solo apuntan a sancionar las faltas laborales detectadas, sino también a establecer si existió un daño económico para las arcas provinciales.
Fuente: Medios
