El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra un hombre acusado de ejercer violencia de género contra su expareja, en una causa que incluye episodios de agresiones físicas, amenazas con un arma blanca y la tenencia de un arma de fuego sin autorización.
La acusación lo señala como presunto autor de los delitos de lesiones leves calificadas, amenazas agravadas por el empleo de armas y tenencia de arma de fuego de guerra sin la debida autorización legal.
Según la investigación fiscal, el primer episodio ocurrió el domingo 13 de septiembre, en una vivienda del barrio La Alameda. En ese contexto, el hombre habría golpeado a su expareja y le habría provocado distintas lesiones en el cuerpo, que posteriormente fueron constatadas por un médico forense.
El segundo hecho se produjo el sábado 19 de septiembre. De acuerdo con la acusación, el imputado ingresó de manera intempestiva a la habitación donde se encontraban la mujer y la hija que ambos tienen en común y las amenazó con un cuchillo. Ante la situación de riesgo, ambas tuvieron que abandonar la vivienda para resguardar su integridad física.
La investigación avanzó el martes 22 de septiembre, cuando efectivos policiales realizaron un allanamiento en el domicilio del acusado. El procedimiento había sido solicitado por la Fiscalía y autorizado por el juez de Garantías.
Durante el operativo, los agentes secuestraron el cuchillo que habría sido utilizado durante las amenazas y encontraron además un arma de fabricación casera, compuesta por caños y una culata de madera.
Qué pruebas presentó la Fiscalía
La acusación estuvo a cargo del fiscal Martín Pezzetta y la fiscal adjunta Ivana Vassellati. Para respaldar la formulación de cargos, el equipo fiscal presentó la denuncia realizada por la víctima en la Comisaría de la Familia, testimonios de la cónyuge e hija, informes médicos elaborados por el Cuerpo de Investigación Forense y el acta correspondiente al allanamiento, junto con fotografías de los elementos secuestrados.
Durante la audiencia, el fiscal planteó que la presencia de armas constituye un factor de riesgo para la víctima y para el desarrollo de la investigación.
Pezzetta sostuvo que la liberación del acusado en esta instancia podría incrementar el temor de la mujer y generar riesgo de entorpecimiento de la causa.
“No alcanza en este caso con pautas de conducta, porque esas medidas son insuficientes para cautelar este proceso”, expresó el fiscal.
Desde la Fiscalía también señalaron que el imputado no registra antecedentes penales computables y que, en caso de recibir una condena, la pena sería de cumplimiento efectivo.
La postura de la defensa
El defensor oficial Sebastián Nolivo no cuestionó la formulación de cargos, aunque solicitó incorporar dos testimonios a la investigación. Entre ellos se encuentra el de una testigo presencial que, según explicó, habría relatado una situación diferente a la denunciada y negado la existencia del episodio de amenazas.
La defensa también se opuso al pedido de prisión preventiva al considerar que se trata de una medida excesiva y que no estaría debidamente fundamentada. A esto sumó un problema de salud que, según planteó, podría agravarse si el hombre permaneciera alojado en un calabozo.
Como alternativa a la prisión preventiva, Nolivo propuso la aplicación de medidas cautelares menos restrictivas, entre ellas la colocación de un dispositivo de control satelital.
Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.
Además, dispuso una prohibición de acercamiento de al menos 200 metros respecto del domicilio y de la víctima mientras avance la investigación, junto con el impedimento total de establecer contacto con ella.
Fuente: Medios.
