Tres personas fueron imputadas en Viedma por su presunta participación en una maniobra mediante la cual habrían utilizado recibos de sueldo falsificados del Ministerio de Obras y Servicios Públicos para solicitar préstamos ante una entidad financiera.
La investigación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, abarca tres hechos registrados durante abril de 2025, dos de los cuales involucran a una misma pareja. La formulación de cargos fue realizada por el fiscal Francisco Marano, quien atribuyó a los acusados los delitos de uso de documento público falso y estafa, con distintos grados de responsabilidad según cada caso.
Según la acusación, uno de los imputados solicitó el 11 de abril de 2025 un préstamo por 2 millones de pesos, para lo cual habría presentado un recibo de sueldo apócrifo correspondiente al Ministerio de Obras y Servicios Públicos. La solicitud fue aprobada y el dinero depositado en una cuenta virtual a nombre del acusado.
La Fiscalía sostiene que un segundo hecho ocurrió el 30 de abril, cuando la pareja de ese hombre recibió en su cuenta bancaria otros 2 millones de pesos, provenientes de un préstamo que, según la investigación, también habría sido tramitado con documentación falsa. Por este episodio, ambos fueron imputados como coautores.
La causa también involucra a un tercer acusado, quien habría intentado acceder a otro crédito durante el mismo mes utilizando el mismo tipo de documentación adulterada.
En este caso, la maniobra fue descubierta antes de que el préstamo fuera aprobado, luego de que autoridades del Ministerio detectaran irregularidades en los recibos presentados y realizaran la denuncia correspondiente. Por ese motivo, la Fiscalía le atribuyó los delitos en grado de tentativa.
Las pruebas incorporadas a la investigación:
Para respaldar la imputación, el Ministerio Público Fiscal informó que reunió diversas pruebas, entre ellas:
- La denuncia presentada por la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos.
- Informes del Cuerpo de Investigación Judicial.
- Actas de allanamientos y secuestro de teléfonos celulares.
- Pericias del Gabinete de Criminalística.
- Extracciones forenses realizadas por OITEL.
- Respuestas de entidades bancarias y plataformas digitales.
- Testimonios de personas que intervinieron en la tramitación de los préstamos.
- Documentación aportada por la entidad financiera involucrada.
Durante la audiencia, la defensa de los imputados manifestó que analiza la posibilidad de alcanzar una salida alternativa al proceso y no presentó objeciones a la formulación de cargos.
Finalmente, el juez de Garantías dio por formalizada la imputación y fijó un plazo de cuatro meses para que continúe la investigación penal preparatoria.
Fuente: Medios.
