La posibilidad de que el Congreso Nacional debata y eventualmente apruebe una modificación a la edad mínima de imputabilidad penal, actualmente fijada en 16 años y que podría descender hasta los 13, volvió a encender en Neuquén el debate sobre la vigencia y eventual revisión de la Ley provincial 2.302. Se trata de una norma emblemática en materia de protección de la minoridad, que para algunos sectores necesita ser revisada y adecuada a un nuevo contexto social y delictivo.
El último gran debate público en torno a la Ley 2.302 tuvo como disparador el asesinato del periodista Juan Caliani, ocurrido el 1 de abril de 2024. El comunicador fue asesinado en la vivienda de sus padres, donde residía, por dos menores de edad de 16 y 17 años.
Ambos jóvenes fueron alcanzados por el régimen de inimputabilidad previsto en la legislación provincial y recién pudieron ser juzgados y condenados una vez que cumplieron la mayoría de edad. Durante el período previo permanecieron bajo la tutela de sus familias, con un régimen dispuesto por la Justicia de Menores. Finalmente, en diciembre del año pasado, fueron condenados a penas de 6 y 9 años de prisión.
Ese antecedente volvió a cobrar centralidad tras la decisión del presidente Javier Milei de habilitar el debate parlamentario sobre el Régimen Penal Juvenil. Este martes, el mandatario oficializó la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias del Congreso para incluir el tratamiento de proyectos vinculados a la baja de la edad de imputabilidad.
La medida fue formalizada mediante el Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial. En su artículo primero, el texto dispone: “Inclúyese en el temario a tratar por el H. Congreso de la Nación, durante el período de Sesiones Extraordinarias convocadas a partir del 2 de febrero de 2026, la consideración de los Proyectos de Ley vinculados al Régimen Penal Juvenil”.
El proyecto que enviará el Poder Ejecutivo, impulsado por los ministerios de Seguridad y de Justicia, apunta a modificar el régimen vigente para permitir que menores que cometan delitos graves puedan ser juzgados y condenados. En concreto, se analiza bajar el piso de punibilidad de los 16 a los 13 años.
En ese contexto, en Neuquén vuelve a instalarse la discusión sobre si la Ley 2.302, que rige el abordaje judicial de los delitos cometidos por menores, debe mantenerse sin cambios o ser revisada a la luz de una agenda penal que comienza a redefinirse a nivel nacional.
Fuente: Medios
