El conflicto por las tierras del histórico Lote 9 de Villa La Angostura sumó un nuevo capítulo fuera de los tribunales argentinos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le dio al Estado nacional un plazo para responder por la situación denunciada por la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao.
El expediente internacional convive con al menos 14 causas judiciales vinculadas al reclamo territorial, en las que participan la comunidad, propietarios privados y la Municipalidad de Villa La Angostura. Entre ellas se encuentran los litigios por Puerto Elma y el camping del lago Correntoso, cuyos fallos quedaron firmes luego de que la Corte Suprema rechazara los recursos el pasado 6 de agosto.
Qué reclama la comunidad ante la CIDH
La presentación de la comunidad tramita bajo el caso N° 14.041 y plantea una cuestión más amplia que los terrenos de Puerto Elma o Correntoso.
El reclamo está relacionado con la falta de conclusión y convalidación del relevamiento territorial previsto por la Ley 26.160. Según sostiene la comunidad, el trabajo técnico estaría terminado desde hace años, pero nunca fue formalmente aprobado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El 13 de agosto, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH comunicó al canciller Pablo Quirno que recibió las observaciones de la comunidad sobre el fondo del caso y otorgó al Estado argentino cuatro meses para responder, con posibilidad de una prórroga que lleve el plazo hasta seis meses como máximo.
Si la Argentina no presenta su respuesta, la Comisión puede avanzar igualmente con la información disponible en el expediente.
Los fallos de Puerto Elma y Correntoso siguen firmes
El nuevo trámite ante la CIDH no modifica las decisiones de la Justicia argentina. En el caso del camping Correntoso, la Municipalidad de Villa La Angostura agotó su reclamo ante la Corte Suprema, que rechazó el recurso de queja el 6 de agosto. El intendente Javier Murer sostiene que ahora resta avanzar con la ejecución del fallo.
Una situación similar se produjo en el expediente por Puerto Elma, donde la Corte también rechazó el recurso presentado por los particulares que litigaban contra la comunidad.
Por lo tanto, la intervención de la CIDH no implica que esos desalojos o sentencias puedan ser revertidos automáticamente.
Un conflicto que abarca al menos 14 expedientes
El Lote 9, vinculado históricamente a los caciques José María Paichil e Ignacio Antriao, concentra distintos litigios entre la comunidad Lof Paichil Antriao, propietarios privados y el municipio.
Entre los expedientes se encuentran el de Emanuel “Manu” Ginóbili, quien obtuvo en 2025 una sentencia civil favorable que fue apelada por la comunidad y continúa en la Cámara de Apelaciones de San Martín de los Andes.
También permanecen abiertos los litigios civiles vinculados con la familia Salamida y con otros propietarios, entre ellos Lorenzo Ángel García Miglione, Federico Horacio Sommariva, María Alastenia Barría, William Henry Fisher, la familia Valdivia-Álvarez y los grupos Pérez Calvo–Caffe–Raviol–Corvalán, Bianchini y Bernardini.
La mayoría de estos procesos continúa en primera instancia o en las cámaras judiciales de la región.
Qué puede pasar ahora
La CIDH tiene por delante el análisis del reclamo presentado por la comunidad. El Estado argentino deberá responder dentro del plazo establecido y explicar su posición frente a las cuestiones planteadas.
El eventual pronunciamiento de la Comisión no tendría capacidad para modificar directamente las sentencias firmes de la Corte Suprema, pero sí podría generar recomendaciones para el Estado argentino y un pronunciamiento internacional sobre la forma en que se abordó el reclamo territorial.
Mientras tanto, los distintos juicios que permanecen abiertos continuarán tramitándose en la Justicia neuquina. El conflicto por las tierras del Lote 9, lejos de reducirse a dos expedientes, mantiene abiertos múltiples frentes judiciales y ahora suma una instancia internacional.
Fuente: Medios
