La Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró inconstitucional la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609, que estuvo vigente entre 2021 y mediados de 2024 durante el gobierno de Alberto Fernández. En su lugar, ordenó aplicar el mecanismo de actualización previsto en la ley 27.426, aprobado durante la presidencia de Mauricio Macri.
La decisión se tomó en el marco de una demanda presentada contra la ANSES por la jubilada Carmen Galletta. El fallo dispone recalcular sus haberes desde enero de 2021 hasta junio de 2024 y establece un criterio para determinar las diferencias retroactivas correspondientes.
La resolución lleva las firmas de los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, quienes revocaron una sentencia de primera instancia que había rechazado el reclamo. Según lo dispuesto, el haber deberá actualizarse con la fórmula anterior durante el período cuestionado y, desde julio de 2024, continuar con el régimen de movilidad mensual vinculado a la inflación, establecido por el decreto 274/2024.
Entre los fundamentos, el juez Fantini sostuvo que la fórmula de la ley 27.609, basada en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, no contemplaba mecanismos de protección frente a una aceleración de la inflación ni establecía pisos de garantía para los haberes.
En ese sentido, la Cámara comparó la evolución de los aumentos jubilatorios entre marzo de 2021 y marzo de 2024. Durante ese período, la movilidad acumulada fue del 553,55%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una suba del 1.129,07%. De acuerdo con el cálculo judicial, esa diferencia representó una pérdida del poder adquisitivo del 46,83%.
Los magistrados también señalaron que los posteriores aumentos vinculados al IPC no compensaron el deterioro anterior, debido a que se aplicaron sobre una base de haberes que ya había perdido poder de compra.
Cómo se calculará el reajuste
Para determinar la actualización, la Cámara ordenó utilizar la fórmula de la ley 27.426, que establecía incrementos trimestrales calculados en un 70% según la inflación (IPC) y un 30% de acuerdo con la variación salarial (RIPTE).
Del cálculo deberán descontarse los montos que la jubilada ya haya recibido por movilidad, adelantos y bonos extraordinarios, con el objetivo de evitar pagos duplicados.
Además, el tribunal declaró inconstitucional el tope previsto en el artículo 9 de la ley 24.463 cuando su aplicación genere una reducción igual o superior al 15%. Para los montos adeudados, dispuso utilizar la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central. No obstante, hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por la ANSES, por lo que limitó el período por el cual podrán reclamarse retroactivos.
La sentencia tiene alcance individual y beneficia únicamente a la jubilada que inició la demanda. Por lo tanto, no establece un aumento automático para todos los jubilados, aunque constituye un antecedente judicial relevante para otros reclamos previsionales que se encuentran en trámite.
Fuente: Medios
