La Libertad Avanza intentará este miércoles avanzar en el Senado con el dictamen del proyecto de ley que autoriza al Gobierno nacional a pagar US$171 millones a acreedores externos con fallos favorables en tribunales de Estados Unidos. La iniciativa es impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de cerrar acuerdos judiciales y desactivar litigios pendientes contra la Argentina.
El expediente será tratado desde las 15 en un plenario conjunto de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda. El oficialismo buscará emitir dictamen para llevar el tema al recinto durante la primera semana de mayo.
La propuesta autoriza al Poder Ejecutivo a cancelar acuerdos de conciliación alcanzados con Bainbridge Ltd. y con un grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, que mantienen sentencias contra el país vinculadas al default de 2001.
Se trata de bonistas que no ingresaron al proceso de reestructuración acordado en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri, cuando la Argentina resolvió la mayor parte de los litigios con holdouts. Según argumentó el Gobierno en el texto enviado al Congreso, los acuerdos establecen como fecha límite de cierre el 30 de abril de 2026. Advirtió además que, de no contar con aprobación legislativa dentro de ese plazo, las transacciones podrían caer automáticamente y obligar al país a retomar juicios en condiciones financieras más desfavorables.
El Ejecutivo también señaló que los entendimientos permitirían resolver de forma integral varias causas judiciales abiertas en Nueva York, entre ellas expedientes vinculados a Attestor y Trinity Investment DAC. Otro de los argumentos oficiales es que el cierre de los litigios contribuiría a poner fin a intentos de embargo sobre activos argentinos en el exterior y reduciría riesgos legales para futuras operaciones financieras.
En términos económicos, el Gobierno sostuvo que los acuerdos contemplan una quita superior al 30% sobre los montos reclamados y permitirían cancelar pasivos litigiosos por debajo del costo que tendría una eventual ejecución judicial, además de evitar nuevos intereses punitorios bajo legislación neoyorquina.
El esquema previsto distribuye US$67 millones para Bainbridge Ltd. y US$104 millones para el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP, pagos que se realizarían de manera simultánea a la acreditación de bonos libres de gravámenes para su cancelación definitiva.
Con este proyecto, la administración Milei busca enviar una señal de cumplimiento ante los mercados y avanzar en la normalización del frente judicial y financiero externo.
Fuente: Medios
