La quinta Marcha Federal Universitaria se llevará a cabo este jueves frente al Congreso de la Nación, con el objetivo de reclamar la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya aprobación fue ratificada cinco veces en el Parlamento, según denunciaron los sectores convocantes.
La movilización contará con el respaldo de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), La Cámpora y el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), entre otras organizaciones gremiales y políticas.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) denunció que el Gobierno nacional acumula una deuda salarial del 32% con los docentes y cuestionó el incumplimiento de la normativa. El reclamo se produce luego de que la Justicia sancionara económicamente al Ejecutivo por el incumplimiento sistemático de la ley, según informó el gremio.
La secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, detalló que un ayudante de primera con dedicación semiexclusiva percibió en octubre un salario básico bruto de $561.659, cuando, de acuerdo con los valores establecidos por la Ley de Financiamiento Universitario, debería haber cobrado $741.111.
Carboni advirtió que el atraso salarial deteriora el poder adquisitivo de los trabajadores y sostuvo que la situación llegó a un límite insostenible para quienes sostienen las actividades en las aulas y los laboratorios de las universidades públicas.
Por su parte, la CTA de los Trabajadores (CTA-T) confirmó su participación en la protesta y señaló que la convocatoria reunirá en la Plaza del Congreso a distintos sectores afectados por las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei. La central sindical enmarcó el reclamo en la defensa de la educación, la soberanía y la democracia.
En tanto, el secretario general de la CTA Autónoma (CTA-A), Hugo Godoy, destacó la importancia de la movilización y llamó a continuar la lucha por la derogación del DNU 70/23, al considerar que el decreto avanza sobre derechos laborales y sociales conquistados.
Godoy cuestionó que el decreto promueva la desregulación económica y la flexibilización laboral, y advirtió sobre sus consecuencias para los trabajadores. También rechazó que el Gobierno avance mediante decretos sobre cuestiones que, según planteó, requieren debate democrático y participación del Congreso.
Fuente: Medios
