Una mujer fue imputada por el homicidio de Ricardo Marín en la localidad de Allen, en un hecho que la Fiscalía encuadró como homicidio en ocasión de robo. Tras la formulación de cargos, la Justicia dispuso que permanezca tres meses en prisión preventiva mientras avanza la investigación.
Durante la audiencia, la fiscal Verónica Villarruel sostuvo que el crimen ocurrió entre el 8 y el 10 de julio, cuando la acusada ingresó a la vivienda de la víctima utilizando su propia llave, sin ejercer violencia sobre los accesos. Según la hipótesis fiscal, actuó junto a otro hombre que será imputado cuando su estado de salud lo permita, ya que permanece internado.
De acuerdo con la acusación, ambos agredieron físicamente a Ricardo Marín y luego le sustrajeron un teléfono celular, una billetera y las llaves de dos vehículos antes de abandonar el lugar. El informe preliminar de autopsia determinó que la víctima presentaba signos de estrangulamiento y que falleció como consecuencia de los múltiples golpes recibidos en la cabeza.
La investigación reunió una importante cantidad de pruebas, entre ellas registros de cámaras de seguridad, entrevistas con familiares y vecinos, además de actas policiales. Las imágenes permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos, quienes fueron captados dirigiéndose hacia la vivienda de Marín durante la madrugada y regresando unos 40 minutos después al lugar donde residían.
Además, durante distintos allanamientos se secuestraron prendas de vestir con manchas que podrían corresponder a sangre y otros elementos que serán sometidos a pericias genéticas y técnicas. La Fiscalía también incorporó información aportada por los hijos de la víctima y otras personas cercanas para reconstruir los últimos movimientos de Marín.
La acusación sostuvo que existían riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación, ya que la imputada permaneció más de diez días sin ser localizada luego de que se emitiera la primera orden de detención. Aunque la defensa solicitó que la medida cautelar se cumpliera bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, no se opuso a la formulación de cargos.
Finalmente, la jueza de garantías Claudia Lemunao dio por formulados los cargos en los términos planteados por la Fiscalía y resolvió imponer prisión preventiva por tres meses en un establecimiento penitenciario. La investigación continuará con nuevas pericias para determinar el grado de participación de los involucrados y avanzar en la imputación del segundo sospechoso.
