La sesión del Senado prevista para este jueves, impulsada por La Libertad Avanza (LLA) para tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, quedó en suspenso por las dificultades del oficialismo para reunir el quórum necesario.
La iniciativa, entre otros puntos, propone eliminar las restricciones actuales para la compra de tierras por parte de extranjeros, una medida que generó cuestionamientos dentro y fuera del Congreso.
La incertidumbre aumentó durante la noche del miércoles, luego de confirmarse que varios senadores que habitualmente acompañan al oficialismo no asistirían al recinto. Entre ellos se encuentran al menos tres legisladores radicales, un integrante de Provincias Unidas y los dos senadores de Santa Cruz, quienes rechazan aspectos centrales del proyecto.
La tensión también alcanzó a la conducción del Senado. La vicepresidenta Victoria Villarruel expresó su desacuerdo con la realización de la sesión y mantuvo un fuerte intercambio de mensajes con la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.
Durante la discusión, Villarruel cuestionó la oportunidad del debate y le escribió: “¿Cómo vamos a tener sesión después de haber casi ganado el mundial?”
El intercambio terminó con fuertes reproches entre ambas dirigentes. Villarruel le manifestó a Bullrich: “Andá a chuparle las medias a Karina”, en referencia a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Bullrich respondió: “¡Chau! ¡Chau comienzo y fin de una corta vida política”.
Qué propone el proyecto sobre la compra de tierras
Uno de los principales cambios impulsados por la iniciativa es la modificación del régimen de adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
El proyecto plantea que los extranjeros puedan comprar tierras sin las limitaciones vigentes, aunque establece que las provincias deberán intervenir en el proceso de autorización.
Además, mantiene la prohibición para que Estados extranjeros y empresas con participación estatal extranjera puedan adquirir tierras, salvo que exista autorización de la provincia donde esté ubicado el inmueble y del Poder Ejecutivo Nacional.
En las zonas de frontera, la adquisición requerirá aval de los gobiernos provinciales y nacionales. La propuesta también incorpora el concepto de silencio administrativo: si no existe una objeción de las autoridades nacionales o provinciales dentro de un plazo de 180 días, se considerará aprobada la operación.
La última versión del dictamen mantiene restricciones para empresas privadas con capital extranjero y conserva la exigencia de autorizaciones especiales en áreas fronterizas.
Cambios en los desalojos
El proyecto también incluye modificaciones sobre los procedimientos de desalojo. Se establece un mecanismo de desalojo exprés para casos de inmuebles ocupados ilegalmente o situaciones de tenencia precaria. En esos casos, el juez podrá ordenar la restitución inmediata si considera que el derecho invocado resulta verosímil y luego de una caución juratoria.
El propietario podrá solicitar la devolución del inmueble y, si presenta documentación que acredite la titularidad, el juez podrá intimar al ocupante en un plazo de 72 horas.
En el caso de alquileres con deudas, el propietario deberá enviar una carta documento y otorgar un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar la situación. Si el incumplimiento continúa, podrá iniciar el proceso de desalojo, que tendría un plazo de resolución de 10 días hábiles.
El proyecto también establece que el dueño no podrá rechazar la entrega de llaves del inmueble, aunque podrá dejar constancia de las deudas pendientes.
Cuando existan menores de edad o personas en situación de vulnerabilidad, el juez deberá dar intervención a organismos de protección y garantizar una alternativa habitacional transitoria.
El Senado también debatirá pliegos judiciales
Además del proyecto de propiedad privada, La Libertad Avanza busca avanzar con la aprobación de 36 pliegos judiciales.
Entre ellos figura la continuidad por cinco años del camarista Víctor Pesino, cuyo mandato requiere el respaldo del Senado antes de cumplir los 75 años el próximo 27 de julio. Pesino ya presentó un recurso de amparo ante una eventual demora en el tratamiento de su pliego.
También aparece el nombre de Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Ariel Lijo, propuesto para ocupar un juzgado de Lomas de Zamora, donde tramitaría la causa que involucra al ex intendente Martín Insaurralde y a la modelo Jésica Cirio.
Con la aprobación de estos nombramientos, el oficialismo buscaría completar la designación de 110 cargos judiciales de las aproximadamente 300 vacantes existentes.
Fuente: Medios.
