Durante décadas, la discusión sobre la renta hidrocarburífera argentina se dio a ciegas, o peor, con los ojos vendados a propósito. Se hablaba de las provincias petroleras como si el barril entrara entero en sus arcas y como si el federalismo consistiera en administrar la envidia ajena. Esta semana, en la apertura de la Jornada Comex Norpatagónica, Rolando Figueroa decidió terminar con esa ambigüedad y puso los números arriba de la mesa. De cada 100 dólares que genera un barril exportado, sin RIGI, el 30 por ciento son costos de las empresas, otro 30 su utilidad, el 10 se reparte entre todas las provincias vía coparticipación, el 17 queda en la Nación y solo 13 llegan a Neuquén. “Lo que recibe Neuquén, que contribuye a todo un círculo virtuoso, en realidad para las arcas provinciales es todo costo”, definió el gobernador. No es una queja: es una auditoría pública hecha en voz alta.
La frase que ordena el planteo, sin embargo, fue otra, y merece subrayarse porque explica por qué el gobernador eligió este momento para hacer el cálculo. “El neuquino no sabe estos valores y tampoco las personas que escriben sobre estos temas. Piensan que del barril de petróleo le quedan los 100 dólares a la provincia”. Ahí está el punto. Durante años, el imaginario nacional construyó una Neuquén rica por decreto geológico, beneficiaria pasiva de una lotería del subsuelo. La realidad es exactamente la inversa: esos 13 dólares se convierten inmediatamente en rutas, escuelas, hospitales, comisarías, red de gas y cloacas para una población que crece a 25.000 o 30.000 habitantes por año precisamente por la actividad que genera la renta. Lo que entra por una puerta sale por la otra, multiplicado en demanda de infraestructura. El diez por ciento que viaja a las demás provincias, en cambio, Figueroa lo describió con precisión quirúrgica: “un ingreso extra, un bonus track”, sin costo asociado alguno.
El planteo provincial no llegó solo. El mismo día, la Municipalidad de Neuquén salió con sus propios números y completó el cuadro desde abajo. El secretario de Finanzas, Fernando Schpoliansky, expuso un informe del equipo económico municipal según el cual la Nación retiene unos 27 dólares de cada 100 que produce la cuenca, mientras la ciudad capital apenas reinvierte 0,6. “Por cada barril de petróleo que sale de Vaca Muerta, el Gobierno nacional se queda más del doble de lo que recibe la provincia de Neuquén y, en consecuencia, muchísimo más de lo que recibe la ciudad”, sostuvo. Y agregó el contraste que da sentido político a la cifra: “Mientras el Gobierno municipal reinvierte sus 0,6 dólares en obras para todos los barrios o políticas públicas como el boleto estudiantil gratuito, el gobierno nacional no invierte ni un peso de lo que recibe de Vaca Muerta”. Provincia y capital, alineadas el mismo día y con la misma tesis. La coordinación no fue casual: fue una demostración de que la Neuquinidad también se ejerce hacia arriba.
Ahora bien, conviene marcar lo que esta discusión no es, porque ahí está la diferencia entre una política de Estado y un berrinche fiscal. Figueroa no reclamó desde el resentimiento ni amenazó con nada. Al contrario: elogió al RIGI, aseguró que “el Estado nacional ha hecho mucho” y calificó de “acertada” la extensión del régimen al upstream, con un dato que desarma cualquier acusación de mezquindad: “cada peso sacrificado en base al descuento del Impuesto a las Ganancias nos produce 300 veces más ingresos en regalías y en actividad económica”. Y remató con la cifra que resume el argumento entero: este año Neuquén le va a otorgar a la Argentina “un superávit de 10.000 millones de dólares” que “robustece el programa económico”. Traducido: la provincia no discute cuánto le da al país, discute cuánto vuelve. “Neuquén está contribuyendo como nunca al país”, dijo. Es, exactamente, la definición de un reclamo federal maduro.
La otra novedad de la semana fue el destinatario del planteo. Schpoliansky no propuso una pulseada administrativa ni una gestión de pasillo: pidió que el nuevo reparto se discuta con una ley del Congreso. “Si uno piensa en un país federal como el nuestro, donde el dueño del recurso son las provincias, uno podría pensar que la distribución debería ser un poco más justa hacia el dueño del recurso”, argumentó. Es la vía institucional correcta y también la más difícil, porque obliga a construir consensos con las mismas provincias que hoy reciben ese “bonus track” sin costo. Pero es la única que produce resultados duraderos. Y el momento no es arbitrario: cuanto más produzca la cuenca en los próximos años, más va a pesar cada punto porcentual del esquema. Discutir el reparto ahora, con la producción en expansión, es más inteligente que hacerlo cuando la torta ya esté repartida.
Queda una frase del gobernador que no conviene dejar pasar, porque sintetiza el clima de época que rodea toda esta discusión: “Desde arriba del Obelisco, tratan de hablar de lo que sucede en las provincias, y muchas veces nada tiene que ver con la realidad. Hablan de Vaca Muerta y no tienen ni la menor idea de lo que sucede”. Ahí hay algo más que una chicana geográfica. Está el reclamo de un país que se piensa a sí mismo desde el puerto y que rara vez se toma el trabajo de mirar cómo se producen los dólares que después administra. Neuquén, con el 1,5 por ciento de la población, genera más del 5 por ciento del PBI y ya es la cuarta provincia exportadora. Con esos números en la mano, pedir que se revise el reparto no es pedir un favor: es pedir aritmética. La provincia hizo su parte —ordenó las cuentas, pagó deuda, atrajo inversión, negoció el GNL, blindó sus tierras— y ahora exhibe la factura completa, sin retórica y sin épica. Trece de cada cien. El número está sobre la mesa. Lo que se haga con él ya no depende solo de Neuquén.
