La Comisión de Educación de la Legislatura de Río Negro fue escenario de fuertes cuestionamientos a la política educativa provincial, luego de que representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (Unter) denunciaran el cierre de escuelas rurales y la pérdida de puestos de trabajo en distintas localidades del interior.
Los reclamos surgieron durante el tratamiento de un proyecto impulsado por la legisladora Magdalena Odarda, que busca prohibir el cierre definitivo o transitorio de escuelas hogar y residencias rurales en localidades de hasta 2.000 habitantes.
La iniciativa fue respaldada por dirigentes gremiales, docentes y referentes de comunidades afectadas, quienes advirtieron sobre un “avance sistemático” contra la educación rural y cuestionaron duramente las decisiones adoptadas por el Ministerio de Educación.
Reclamos por reaperturas y restitución de cargos
Odarda sostuvo que resulta urgente avanzar en la reapertura de los establecimientos que ya fueron cerrados y recordó el caso de la Escuela 152 de Cerro Alto, cuya comunidad educativa obtuvo una sentencia judicial favorable para su restitución.
Además, reclamó la reincorporación de docentes y auxiliares que perdieron sus puestos laborales o sufrieron modificaciones en sus condiciones de trabajo como consecuencia de los cierres.
Durante la exposición, la secretaria general de Unter, Laura Ortiz, rechazó la versión oficial que califica algunas clausuras como temporarias y afirmó que se trata de una política sostenida de reducción de la presencia educativa en zonas rurales.
“Cerrar escuelas no es la solución“, planteó la dirigente, al tiempo que exigió a los distintos bloques legislativos una posición clara frente a la pérdida de cargos y al cierre de establecimientos educativos.
Denuncias por Cerro Alto y Sierra Pailemán
Representantes sindicales expusieron situaciones concretas que, según afirmaron, evidencian una estrategia de vaciamiento de la educación rural.
Uno de ellos relató que la Escuela 152 de Cerro Alto fue cerrada bajo el argumento de problemas de abastecimiento de agua, situación que —aseguró— fue desmentida por la propia comunidad. También denunció que, tras una resolución judicial favorable a las familias, encontraron el edificio escolar ocupado por empresas privadas.
Otro docente rural señaló que perdió su fuente laboral en dos oportunidades, primero por el cierre de la escuela hogar de Sierra Pailemán y luego por el cierre de la residencia estudiantil de Nahuel Niyeu.
Según expresó, el Ministerio utiliza la falta de matrícula como argumento para avanzar en lo que definió como “cierres encubiertos”, incumpliendo la normativa vigente y afectando la permanencia de docentes en el territorio.
La escuela rural como espacio de contención
Durante la reunión también se destacó el rol social que cumplen estos establecimientos en comunidades alejadas de los centros urbanos.
Una de las expositoras advirtió que actualmente se están modificando criterios de inscripción que terminan debilitando la matrícula y favoreciendo el cierre de instituciones. Además, remarcó que las escuelas rurales constituyen un espacio fundamental de contención para niños y adolescentes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y social.
“La escuela rural es una conquista histórica de igualdad de oportunidades”, sostuvo, al reclamar que se garantice la continuidad de la infraestructura educativa y de los puestos de trabajo asociados.
Otros proyectos con aval legislativo
Más allá del debate educativo, la Comisión de Educación emitió dictamen favorable para declarar Monumento Histórico Provincial al edificio donde funcionó la cooperativa COMSAL de San Antonio Oeste.
La iniciativa, presentada por el legislador Luis Noale, recibió el respaldo de distintos bloques. Durante el debate, Odarda destacó el valor histórico del inmueble por su vínculo con el desarrollo ferroviario de la provincia, mientras que la legisladora Ofelia Stupenengo pidió fortalecer las tareas de preservación del patrimonio histórico rionegrino.
Además, obtuvo aprobación unánime el proyecto presentado por Daniel Belloso, que establece la obligatoriedad de entonar la Marcha de las Malvinas después del Himno Nacional Argentino y del himno provincial en actos cívicos y cívico-militares realizados en Río Negro.
