Un video grabado por obreros peruanos que trabajan en la megaobra del Cipriani Ocean Resort Residences & Casino, en Punta del Este, desató un fuerte escándalo en el sector de la construcción uruguayo. Los trabajadores denunciaron que eran encerrados en el predio donde se alojaban al finalizar cada jornada laboral, lo que motivó una denuncia policial en Maldonado y la intervención del sindicato y del Ministerio de Trabajo.
Los empleados, contratados por la empresa subcontratista Wassy, señalaron que el dueño de la firma cerraba la portera del predio donde vivían, impidiéndoles salir libremente. La denuncia fue presentada ante la comisaría local y apunta directamente al responsable de la empresa por una presunta privación de la libertad.
La obra es ejecutada por CRIBA S.A. Uruguay, filial de la constructora argentina CRIBA, encargada del proyecto que transformará el histórico Hotel San Rafael en un complejo de lujo con casino y residencias. CRIBA subcontrató a Wassy para tareas específicas, como trabajos en piedra y techos, bajo un vínculo estrictamente contractual.
Desde el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA) en Maldonado indicaron que los obreros no habían denunciado antes la situación por temor a represalias. “Nos llegó un video hecho por los propios compañeros peruanos donde muestran que la empresa los había dejado encerrados”, explicó el secretario general del gremio en el departamento, Michael Pistone. Tras conocerse el material, el sindicato realizó la denuncia correspondiente.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) confirmó que realizó inspecciones en el lugar antes y después de que el caso se hiciera público. El inspector general, Luis Puig, señaló que el expediente sigue en curso y que se están analizando eventuales incumplimientos a la normativa laboral.
De acuerdo con la legislación uruguaya sobre tercerización, la empresa principal es solidariamente responsable por las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados. En ese marco, el SUNCA reclamó que CRIBA garantice el cumplimiento de los derechos, el alojamiento y el bienestar de los empleados.
En asamblea, los trabajadores resolvieron declarar al dueño de Wassy “persona no grata”, mientras el sindicato anunció que profundizará las investigaciones en otros contratos vinculados al proyecto. Si se comprueba que el encierro fue una práctica coercitiva, especialistas en derecho laboral advierten que podría configurarse un delito penal.
Aunque la situación fue desactivada y los obreros ya pueden circular libremente, el episodio reavivó el debate sobre los controles en las cadenas de subcontratación y las condiciones de la mano de obra extranjera en grandes emprendimientos inmobiliarios.
Fuente: Medios
