En la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria, el Gobierno nacional confirmó que mantendrá reuniones con autoridades de distintas universidades luego de la movilización para discutir el esquema de financiamiento del sector. Al mismo tiempo, el Ejecutivo ratificó su rechazo a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y volvió a reclamar mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados a las casas de estudio.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, junto al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, adelantó que se trabajará en una nueva modalidad de distribución de fondos para hospitales universitarios, un sistema que, según señalaron, hasta el momento se realizaba de manera “discrecional”.
Además, el Gobierno anunció la creación de una plataforma digital para que cualquier ciudadano pueda consultar el destino de los fondos asignados al sistema universitario. Según explicó Álvarez, actualmente gran parte de la información administrativa se encuentra bajo la órbita del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), lo que, aseguró, dificultaba el acceso público a los datos.
El funcionario también sostuvo que desde hace años no se realiza un análisis detallado sobre el costo por alumno y por graduado en las universidades nacionales, indicadores que consideró necesarios para evaluar el funcionamiento del sistema educativo superior.
Por su parte, Pettovello negó que exista una postura en contra de la universidad pública y afirmó que el objetivo del Gobierno es avanzar hacia un “gasto eficiente e inteligente”. En ese sentido, defendió la necesidad de transparentar el uso de los recursos provenientes de los impuestos.
Desde el oficialismo también cuestionaron la convocatoria a la marcha universitaria y consideraron que sectores políticos opositores buscan “cambiar el eje de la discusión” sobre el financiamiento educativo.
Respecto de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei, Álvarez sostuvo que la norma no puede aplicarse porque quedó “implícitamente derogada” tras la aprobación del Presupuesto nacional. Según argumentó, la iniciativa establecía aumentos salariales y partidas presupuestarias sin especificar las fuentes de financiamiento correspondientes.
El subsecretario recordó además que el reclamo judicial que actualmente analiza la Corte Suprema se centra únicamente en los artículos vinculados a salarios y becas. En ese marco, afirmó que el incremento salarial previsto por la ley representaría un gasto que “el Estado no está en condiciones de afrontar” en la actual situación económica.
Por otra parte, desde el Gobierno también cuestionaron que ninguna universidad haya comenzado a cobrar matrícula a estudiantes extranjeros no residentes, pese al decreto que habilitó esa posibilidad.
Fuente: Medios
