Una investigación por presunto lavado de activos y narcotráfico conectó a Neuquén y Santa Fe a través de un operativo que derivó en 13 allanamientos y distintas requisas en propiedades y establecimientos penitenciarios.
El procedimiento fue llevado adelante por Gendarmería Nacional Argentina, a partir de una pesquisa iniciada en abril por la Sección de Investigaciones de Delitos Económicos “Rosario” y la Unidad de Investigaciones Antidrogas “Rosario”.
Según informó la fuerza, mediante distintas técnicas de recolección de información y análisis patrimonial, los investigadores lograron identificar lugares donde presuntamente operaba la organización y reunir elementos de interés para la causa.
La información fue remitida al Juzgado Federal de Venado Tuerto, que dispuso los allanamientos en distintas localidades de Santa Fe y en tres establecimientos penitenciarios. Los procedimientos se realizaron en inmuebles de Venado Tuerto, Murphy y Zavalla.
En el ámbito penitenciario, en tanto, se inspeccionaron tres celdas de los complejos santafesinos U1 y U6 y una unidad residencial del Servicio Penitenciario Federal en Senillosa.
Secuestraron vehículos, dinero y dispositivos electrónicos
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron cuatro vehículos, además de una suma cercana a $2,7 millones, poco más de US$1.000, chequeras y distintos elementos considerados de interés para la investigación.
También fueron incautados 18 teléfonos celulares, tres notebooks, computadoras, discos rígidos, una balanza de precisión y máquinas para contar dinero.
En Senillosa, el operativo estuvo a cargo de integrantes de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Neuquén” de Gendarmería.
Todo el material secuestrado quedó a disposición de la Justicia para avanzar con el análisis de la documentación, los dispositivos electrónicos y los movimientos patrimoniales bajo investigación.
La investigación está encabezada por la Fiscalía Federal Descentralizada de Venado Tuerto. Desde Gendarmería señalaron que durante los procedimientos también se incautó documentación que podría vincular a la organización con maniobras compatibles con presunto lavado de activos.
Los investigadores ahora deberán analizar ese material para profundizar las distintas líneas de pesquisa y determinar el alcance de las operaciones atribuidas a la organización.
La documentación, junto con los teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados, podría aportar información sobre movimientos de dinero, vínculos entre los investigados y posibles maniobras de ocultamiento del origen de fondos.
Requisas en cárceles y el antecedente de Senillosa
La inclusión de establecimientos penitenciarios en el operativo se vincula con una línea de investigación que también apunta a posibles contactos entre personas privadas de su libertad y organizaciones delictivas.
En el caso de Senillosa, las requisas preventivas forman parte de los controles habituales que realiza el Servicio Penitenciario Federal.
En los últimos años se concretaron distintos procedimientos dentro del complejo, con secuestros de celulares, cargadores, elementos cortantes y sustancias prohibidas.
Entre los antecedentes aparece una requisa realizada en 2024 en una unidad residencial, donde fueron halladas pastillas de psicofármacos y una bolsa con marihuana. Según se informó entonces, esos elementos habrían ingresado durante una visita a un interno.
Este tipo de controles busca impedir que las personas alojadas en las unidades penitenciarias mantengan comunicaciones o actividades que puedan vincularlas con organizaciones que operan fuera de los establecimientos.
El control sobre los celulares en las cárceles federales
El uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles federales está restringido por la normativa penitenciaria. La Ley 24.660 establece las reglas sobre el régimen de ejecución de la pena y contempla restricciones para el uso de dispositivos de comunicación dentro de las unidades.
En los últimos días, además, el Boletín Oficial difundió detalles del sistema destinado a reforzar el control y evitar el uso de teléfonos móviles en establecimientos penitenciarios federales.
El objetivo es reducir la posibilidad de que internos mantengan comunicaciones no autorizadas con personas del exterior o continúen participando en actividades delictivas mientras permanecen detenidos.
Por ahora, la causa continúa bajo investigación y la documentación y los dispositivos secuestrados en los 13 allanamientos serán peritados para establecer el papel que habría tenido cada una de las personas involucradas y determinar si efectivamente existieron maniobras de lavado de activos vinculadas con actividades de narcotráfico.
Fuente: Medios.
