La Legislatura de Río Negro comenzó a analizar iniciativas que buscan limitar el uso de teléfonos celulares, internet y redes sociales dentro de las cárceles provinciales, con el objetivo de evitar la comisión de delitos desde los establecimientos penitenciarios.
Uno de los proyectos, impulsado por el bloque Pro Unión Republicana, propone incorporar el concepto de “privación de libertad digital” al Código Procesal Penal rionegrino.
La iniciativa plantea que la pena de prisión no implique solamente el encierro físico, sino también restricciones al acceso a herramientas tecnológicas que puedan utilizarse para cometer delitos.
Entre los fundamentos, el texto menciona casos de estafas telefónicas, amenazas, extorsiones y maniobras delictivas organizadas desde cárceles mediante celulares e internet. También recuerda antecedentes registrados en Río Negro vinculados a secuestros de teléfonos y chips dentro de unidades penitenciarias.
La propuesta aclara que los internos seguirán teniendo garantizada la comunicación con familiares, abogados y autoridades judiciales, aunque a través de sistemas controlados por el Servicio Penitenciario.
En paralelo, otro proyecto presentado por el legislador César Domínguez, de Primero Río Negro, busca prohibir de manera expresa el ingreso, la tenencia y el uso de celulares, tablets y acceso a internet en todos los establecimientos penitenciarios de la provincia.
La iniciativa plantea reemplazar esos medios por un sistema de comunicaciones institucionales controladas, únicamente mediante telefonía fija.
Además, propone que el Ministerio de Seguridad y Justicia implemente mecanismos de bloqueo e inhibición de señal de telefonía móvil dentro de los perímetros carcelarios.
Según el proyecto, las llamadas de los internos tendrían horarios específicos, una duración máxima de cinco minutos y estarían mediadas por una operadora. También se prevé que las personas que reciban esas comunicaciones sean informadas de que el llamado proviene de una cárcel y cuenten con un número gratuito para denunciar posibles delitos.
Ambas iniciativas deberán ahora comenzar su tratamiento en comisiones legislativas antes de avanzar hacia una eventual votación en el recinto.
