El Gobierno nacional trabaja en un proyecto de ley que enviará al Congreso con el objetivo de reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y prohibir de manera definitiva la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro Nacional. La iniciativa forma parte del plan oficial para reforzar la política monetaria y consolidar el control de la inflación.
La propuesta apunta a modificar artículos clave de la normativa vigente, en particular el artículo 3, que redefine los objetivos de la entidad para concentrarla en la estabilidad de precios, y la derogación del artículo 20, que habilita los llamados “adelantos transitorios”, mecanismo que permite al Estado financiarse mediante emisión.

Si bien el Gobierno sostiene que no ha utilizado esta herramienta desde el inicio de la gestión, el proyecto busca eliminarla por completo para evitar su uso en el futuro. El esquema obligaría a que cualquier situación de déficit fiscal se resuelva exclusivamente mediante recortes del gasto público o financiamiento en el mercado, sin intervención del Banco Central.
En paralelo, el debate económico reaviva antecedentes de intervenciones políticas sobre la entidad monetaria, como el conflicto de 2010 que derivó en la salida de Martín Redrado y la utilización de reservas mediante la emisión de letras intransferibles, consideradas pasivos del BCRA.
El “modelo peruano” como referencia
La reforma toma como principal referencia el denominado “modelo peruano”, un esquema institucional en el que la prohibición de financiamiento del Banco Central al Tesoro está establecida en la Constitución desde 1993. Ese marco también limita la intervención del Estado en el mercado cambiario y otorga mayor autonomía a la autoridad monetaria.
Según el análisis de especialistas, este diseño permitió a Perú sostener niveles de inflación significativamente más bajos en comparación con la región, con estabilidad de largo plazo en la política monetaria y continuidad institucional del Banco Central incluso en contextos de inestabilidad política.
Contexto económico y objetivos fiscales
En paralelo al debate monetario, el Gobierno impulsa otras reformas vinculadas al orden fiscal y político, entre ellas la eliminación de las elecciones PASO, con el argumento de reducir el gasto público y disminuir la volatilidad financiera en períodos electorales.
El Ejecutivo también sigue de cerca el escenario de deuda, en un contexto donde el país enfrenta vencimientos por alrededor de 4.200 millones de dólares en bonos soberanos. La expectativa oficial está puesta en una mayor renovación de tenencias por parte de inversores, lo que podría contribuir a una baja del Riesgo País.
Actualmente, el indicador se ubica en torno a los 1.415 puntos básicos, mientras el objetivo de mediano plazo del Gobierno es reducirlo a niveles cercanos a los 300 o 350 puntos, considerados necesarios para recuperar el acceso pleno al financiamiento internacional.
Fuente: Medios




