A poco más de un año del crimen que conmocionó a Neuquén, este viernes 2 de octubre comenzará el juicio por jurados populares por el transfemicidio de Azul Semeñenko. En el banquillo estará Roberto Daniel Sánchez, acusado de asesinar a la trabajadora estatal, cuyo cuerpo fue encontrado el 14 de octubre de 2025 en un canal de desagüe de Valentina Norte.
El debate se extenderá durante 14 jornadas, hasta el 21 de octubre, y contará con la declaración de más de 70 testigos y peritos, además de la incorporación de las pruebas reunidas durante la investigación. Las audiencias comenzarán a las 8.30 y se desarrollarán hasta el mediodía o las primeras horas de la tarde.
En esta primera jornada, la Fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus alegatos de apertura ante los 12 integrantes titulares del jurado popular. Cada parte presentará su reconstrucción de los hechos y los elementos que buscará demostrar durante el debate.
La familia de Azul y sus compañeras de trabajo convocaron a la comunidad a acercarse a Ciudad Judicial para acompañar el pedido de justicia. El jurado tendrá la responsabilidad de determinar si Sánchez es culpable o no culpable y, en caso de una condena, si se acreditan las circunstancias agravantes planteadas por la acusación.
La acusación contra Roberto Sánchez por el transfemicidio de Azul
La Fiscalía, representada por el fiscal jefe Agustín García y la fiscal del caso Guadalupe Inaudi, sostiene que Sánchez es responsable de un homicidio triplemente agravado: por ensañamiento, por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género.
De acuerdo con la reconstrucción de la acusación, Azul fue atacada a golpes y recibió al menos 25 puñaladas. Los estudios realizados durante la investigación identificaron múltiples lesiones y una hemorragia masiva que comprometió órganos vitales, entre ellos el corazón y la aorta.
Para la Fiscalía y la querella, el crimen debe ser juzgado como un transfemicidio y no como un homicidio simple. Por eso, solicitarán una condena a prisión perpetua.
Durante las audiencias previas, el fiscal García explicó que la acreditación de cualquiera de las tres circunstancias agravantes planteadas por la acusación conduce a esa pena. También señaló que, en ese escenario, los eventuales plazos para acceder a un egreso superarían los 35 años.
En su presentación inicial, el Ministerio Público Fiscal expondrá ante los ciudadanos que integran el jurado los elementos que considera determinantes para acreditar la responsabilidad penal de Sánchez y las agravantes atribuidas.
La postura de la querella y el reclamo de la familia
La familia de Azul también sostiene que se trató de un transfemicidio y reclama que el crimen sea juzgado teniendo en cuenta su identidad de género y el contexto de violencia en el que ocurrió.
Azul se desempeñaba como auxiliar en el Centro de Atención a la Víctima (CAV), ubicado sobre calle Don Bosco. Sus compañeras y compañeros tuvieron un papel central en los reclamos de justicia durante el último año.
De hecho, una de sus compañeras fue quien denunció su desaparición, luego de advertir que Azul no se había presentado a trabajar ni había concurrido a un turno en el hospital Castro Rendón.
Su hermano, Marco Millapán, expresó públicamente que “esto fue, es y será un transfemicidio”. La querella buscará sostener esa calificación durante el juicio y acompañar la acusación sobre las circunstancias en las que ocurrió el asesinato.
La defensa admite el homicidio, pero plantea emoción violenta
La estrategia de la defensa, encabezada por el abogado Ezequiel Leanza, tendrá un eje diferente al de la Fiscalía y la querella. En las audiencias previas, no sostuvo la inocencia de Sánchez respecto del homicidio, sino que cuestionó la calificación legal del hecho.
En cambio, plantea que el acusado actuó bajo un estado de emoción violenta, una postura con la que buscará evitar que el crimen sea considerado un homicidio triplemente agravado.
Durante su alegato de apertura, la defensa presentará su propia reconstrucción de lo ocurrido y expondrá los argumentos por los que considera que la conducta de Sánchez debe recibir una calificación penal diferente.
Los 27 llamados y el cambio de relato de una testigo
La preparación del juicio también estuvo atravesada por controversias relacionadas con la prueba. Uno de los episodios más discutidos fue el de B.N., expareja de Sánchez, quien inicialmente había declarado ante la Policía que había sufrido violencia física, psicológica y económica durante la relación.
En aquella primera entrevista, realizada el 13 de marzo, la mujer también contó que el abogado defensor de Sánchez la había contactado para pedirle que declarara a favor del acusado. Según su relato, se negó porque eso implicaba mentir.
Sin embargo, su versión cambió después de que la defensa accediera al legajo de la investigación, el 18 de mayo. Nueve días más tarde, el 27 de mayo, los abogados realizaron una nueva entrevista videofilmada en la que la mujer sostuvo que Sánchez nunca había ejercido violencia contra ella.
La Fiscalía también puso el foco en los registros de comunicaciones: entre el 26 de mayo y el 3 de junio se contabilizaron 27 llamados entre la defensa de Sánchez y su expareja. Los contactos comenzaron un día antes de la nueva entrevista y continuaron durante los días posteriores.
Finalmente, la mujer decidió no declarar contra Sánchez y se amparó en el artículo 190 del Código Procesal Penal. La Fiscalía no puede obligarla a prestar testimonio, pero sostuvo que parte de la información aportada inicialmente podría incorporarse a través de otras fuentes autónomas, como personas que habrían conocido directamente los episodios relatados y registros policiales.
Para la acusación, la secuencia de declaraciones y comunicaciones resulta relevante para acreditar el contexto de violencia de género que atribuye al imputado. Pese a las controversias, el juez resolvió que la mujer integre la lista de más de 70 testigos convocados para el debate.
El informe de la falsa médica que quedó fuera del juicio
Otra de las discusiones previas estuvo relacionada con una prueba que la defensa pretendía utilizar para respaldar su planteo de emoción violenta.
Se trataba de un documento denominado “Informe Médico Legal”, elaborado por una mujer que se presentó como médica psiquiatra. Durante la audiencia de control de acusación se estableció que no contaba con título habilitante para ejercer la medicina y que registraba antecedentes por ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título y estafa, entre otros hechos.
A pedido de la Fiscalía y la querella, el juez de Garantías Juan Guaita declaró “inexistente” el informe y rechazó a la mujer como testigo.
La defensa cuestionó la decisión ante el Tribunal de Impugnación y sostuvo que había sido sorprendida durante la audiencia al conocer los antecedentes de la supuesta profesional. Sin embargo, el planteo fue declarado inadmisible. El tribunal también descartó la acusación de mala fe procesal contra la Fiscalía y la querella.
Entre sus fundamentos, señaló que las decisiones sobre admisión o exclusión de pruebas adoptadas durante el control de acusación son irrecurribles en esa instancia y que la defensa había tenido acceso al legajo.
Además, el Ministerio Público Fiscal abrió una investigación autónoma para determinar si existieron delitos vinculados con la actuación de la supuesta profesional. De esta manera, el informe quedó fuera de las pruebas que se debatirán ante el jurado.
Cómo se conformó el jurado popular
La selección de los ciudadanos que tendrán a su cargo la decisión comenzó el lunes 28 de septiembre y se extendió durante tres jornadas, debido a la cantidad de recusaciones presentadas por las partes.
Finalmente, quedaron seleccionados 12 jurados titulares, seis mujeres y seis varones, y cuatro suplentes. Durante el proceso, los convocados respondieron preguntas destinadas a determinar si podían participar de manera imparcial y sin prejuicios que condicionaran su valoración de las pruebas.
Las partes buscaron identificar posibles vínculos, conocimientos previos del caso, opiniones o circunstancias personales que pudieran afectar la decisión.
En ese contexto, el juez Luciano Hermosilla rechazó la oposición de la defensa a la participación de personas que habían asistido a la marcha del 8 de marzo. Los ciudadanos habían manifestado que esa circunstancia no les impedía evaluar las pruebas y aplicar la ley.
Las pruebas que se analizarán durante el debate
Uno de los ejes centrales del juicio será la reconstrucción del crimen y el análisis de los elementos reunidos durante la investigación para vincular a Sánchez con el asesinato.
Entre las evidencias incorporadas aparecen registros de cámaras de seguridad, imágenes relacionadas con una camioneta blanca, muestras de sangre y estudios de ADN. También se analizarán elementos encontrados en la vivienda vinculada al acusado y en el vehículo que habría utilizado para trasladar el cuerpo.
Durante los allanamientos se detectaron rastros de sangre y otros indicios que forman parte de la hipótesis de la Fiscalía.
Otro aspecto central será el traslado del cuerpo de Azul después del homicidio. Según la reconstrucción de la investigación, fue envuelto en una lona y sujetado con alambres.
Finalmente, el 14 de octubre de 2025, dos vecinos que se encontraban con su perro encontraron el cuerpo en un canal ubicado en inmediaciones de calle Pergamino, en el barrio Valentina Norte.
Con más de 70 testimonios, pericias y pruebas documentales por delante, el debate buscará establecer qué ocurrió con Azul y cuál fue la responsabilidad penal de Sánchez. La decisión final estará en manos de los 12 ciudadanos que integran el jurado popular.
Fuente: Medios
