Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone implementar el sistema “Alerta Sofía” a nivel provincial, con el objetivo de activar un mecanismo de respuesta inmediata y coordinada ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.
La iniciativa fue impulsada por el legislador del PRO, Juan Martin, quien plantea la creación de un protocolo específico para la búsqueda, localización urgente y resguardo de menores en todo el territorio rionegrino.
“La protección integral de niños y adolescentes requiere respuestas rápidas ante situaciones de desaparición o extravío bajo riesgo inminente”, sostiene el proyecto. En ese sentido, propone una intervención inmediata, coordinada e interjurisdiccional para aumentar las posibilidades de hallar con vida a las personas desaparecidas.
Entre los fundamentos, el legislador señala que las primeras horas posteriores a una desaparición son determinantes y advierte que las características geográficas de Río Negro, con extensas zonas rurales y una amplia dispersión territorial, hacen necesario contar con un protocolo específico para estos casos.
La propuesta establece que cualquier dependencia policial o judicial deberá recibir de manera inmediata las denuncias por desaparición de menores, sin exigir plazos mínimos de espera ni la acreditación previa de circunstancias especiales. Además, considera que cualquier demora injustificada constituirá una falta grave.
El proyecto también prevé que, una vez recibida la denuncia, la autoridad competente evalúe la activación de la alerta dentro de las tres horas siguientes.
En caso de ponerse en marcha el sistema, la difusión de la búsqueda se realizaría de manera geolocalizada a través de teléfonos celulares, redes sociales, cartelería electrónica y medios de comunicación, con el objetivo de alcanzar rápidamente a la mayor cantidad posible de personas.
La iniciativa designa al Ministerio de Seguridad y Justicia como autoridad de aplicación, organismo que tendría a su cargo la coordinación del sistema y de las acciones de difusión.
Además, propone la creación de una Mesa Provincial de Coordinación integrada por organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil, que tendrá como funciones elaborar protocolos complementarios, monitorear el funcionamiento del sistema y proponer mejoras para optimizar su implementación.
